- Fiscales de Consuelo Porras encabezan operativo contra opositores al fraude, con el respaldo de 400 agentes de la PNC
Redacción Crónica
Lo que inició como un grito de resistencia estudiantil frente al fraude electoral en la Universidad de San Carlos (USAC), ha derivado en una exhibición de fuerza bruta y persecución penal por parte del Ministerio Público, que persigue «delitos contra el patrimonio».
Tras los enfrentamientos y el derribo de un portón en el ingreso por el Anillo Periférico, el MP ha desplegado una maquinaria desproporcionada de 400 agentes policiales para retomar el control de las instalaciones, confirmando su papel como el brazo ejecutor de Walter Mazariegos, según los estudiantes que la denuncian como «agente del sistema».
La respuesta del «Pacto»: Garrote y Criminalización
Mientras la comunidad universitaria denuncia que la elección de Mazariegos fue un proceso viciado, realizado a puerta cerrada y con la exclusión ilegal de 85 electores, el MP ha optado por ignorar el origen del conflicto —el fraude— para centrarse en la persecución de la protesta.
Las diligencias de ayer no son un hecho aislado. Bajo la gestión de Consuelo Porras, la Fiscalía ha perfeccionado un modelo de criminalización selectiva. Mientras los señalamientos de corrupción contra la administración universitaria duermen en los archivos, la respuesta contra quienes se oponen al sistema es inmediata y punitiva.
La justificación del MP destaca:
- El Campus Central de la USAC fue declarado Patrimonio
- Los hechos ocurridos y evidenciados en redes sociales, muestran posibles daños a las instalaciones que integran esta casa de estudios, lo que habilita la intervención de la fiscalía especializada según el artículo 7 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación.
- Las acciones se realizan con el fin de inspeccionar lugares afectados y recolectar indicios. Resulta preocupante que se ignore lo regulado en el artículo 193 del Código Procesal Penal, el cual establece que en edificios públicos o administrativos se puede prescindir de una orden de allanamiento contando con el consentimiento de las personas a cargo o de su superior jerárquico.
El espejo de los 48 Cantones: El costo de protestar
Esta ofensiva judicial en la USAC guarda un paralelismo alarmante con la situación de los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán. Actualmente, Luis Pacheco y Hpéctor Chaclán permanecen tras las rejas, víctimas de una justicia que parece castigar el derecho a la resistencia y son ejemplo nacional e internacional sobre el actuar sesgado del MP.
Ambos líderes fueron capturados y enviados a prisión preventiva por haber encabezado las protestas de 2023 en defensa del orden democrático y el respeto a los resultados electorales. Al igual que con los estudiantes de la USAC, el MP utiliza figuras penales graves para silenciar a quienes cuestionan las maniobras del poder establecido por un sistema de justicia cooptado.
Mazariegos: Un Rector bajo custodia fiscal
La intervención policial y los allanamientos solicitados por el MP dejan claro que Walter Mazariegos no gobierna por consenso académico, sino por imposición judicial. La «Tricentenaria» se encuentra hoy sitiada: por un lado, una rectoría que carece de legitimidad, y por el otro, una fiscalía que criminaliza cualquier intento de recuperar la autonomía universitaria.
Puntos clave del conflicto:
- Uso excesivo de la fuerza: El despliegue de 400 agentes de la PNC para una diligencia de allanamiento es visto como una medida de intimidación contra el movimiento estudiantil. ¿Por qué la PNC respalda esta persecución?
- Fiscalía de «Interés»: Los casos que afectan a aliados del sistema avanzan con una velocidad inusual, mientras que las denuncias de fraude electoral en la USAC no muestran progreso alguno.
- Crisis de Autonomía: La entrada de la fuerza pública al campus rompe con la tradición de autonomía, enviando un mensaje de que la universidad es ahora un territorio bajo control administrativo-policial.
La USAC amanece entre escombros y agentes armados. El mensaje del Ministerio Público es nítido: en la Guatemala actual, cuestionar un fraude no es un derecho ciudadano, sino un delito que se paga con cárcel