Tienen miedo de ser detenidos y deportados, de recibir una exorbitante factura que no pueden pagar o de convertirse en una «carga pública» para el Estado que les impida legalizar su estatus migratorio en el futuro.
Por estas razones, muchos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se niegan a ir al hospital hasta último momento.
El exesposo de Victoria, una niñera de Brooklyn que perdió su empleo hace dos meses, contrajo COVID-19 y falleció hace una semana. Tenía 69 años.
Tenía problemas renales y diabetes. Vivía en Nueva Jersey con otros 12 inmigrantes y todos se contagiaron, contó a la AFP esta mexicana que pidió ocultar su apellido.
«Estaba muy malo pero él no quería ir al hospital. Luego de dos semanas, cuando ya no podía ni caminar ni respirar, mi hija se arriesgó, lo metió en el carro y lo llevó. Murió tres semanas después», relató.
«Carga pública»
En Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos y donde han muerto casi 20,000 personas, los latinos y los negros son las mayores víctimas del virus, con tasas de mortalidad que casi duplican las de la población blanca.
Para los 11 millones de hispanos indocumentados en el país la situación es especialmente dura. Muchos son trabajadores esenciales y están más expuestos al contagio. Solo el 16% puede trabajar desde casa, según el departamento de Trabajo.
Tienen además un alto porcentaje de enfermedades crónicas sin atender como asma, diabetes e hipertensión, y a veces viven hacinados en pequeños apartamentos, lo cual también explica su mayor mortalidad.
No tienen seguro médico, muchos no hablan inglés y tienen un bajo nivel educativo, lo cual les dificulta obtener información.
Tampoco reciben seguro de desempleo o el bono de 1,200 dólares que el gobierno federal aprobó para paliar la crisis, aunque paguen impuestos y vivan hace décadas aquí.
Algunos estados intentan ayudarlos: California otorgará a 150,000 indocumentados un pago único de 500 dólares, y Nueva York -gracias a una donación de la fundación Open Society de George Soros- pagará 400 dólares a otros 20,000. Pero esto no alcanza para los más de 2.5 millones de indocumentados de ambos estados.
«Mi comunidad no tiene el lujo de escapar a una segunda casa en el balneario de los Hamptons. Tiene que quedarse y trabajar», dijo a la AFP el concejal de Queens Francisco Moya, que representa los barrios más golpeados por la pandemia en Nueva York: Jackson Heights, Corona y Elmhurst.
«Tienen miedo de ir al hospital por las políticas antinmigración implementadas por el gobierno de Trump desde el primer día», explicó.
Aunque la policía migratoria (ICE) asegura que no está haciendo arrestos en hospitales salvo excepciones, «definitivamente existe ese miedo», dijo a la AFP Jae Young Kim, de la asociación Legal Services, que otorga asesoría legal gratuita a inmigrantes en el Bronx.
Kim explicó que los clientes están preocupados específicamente por la nueva política de «carga pública» de Trump, que les niega permisos de trabajo si acceden a recursos públicos como atención médica de emergencia a través del seguro Medicaid.
Pero para el coronavirus la regla prevé una excepción, aunque muchos inmigrantes no lo saben o no confían en el gobierno.
«Tengo pánico»
En el Valle de Coachella, en California, Rosa, de 26 años, ha perdido su empleo cosechando coliflor. Si contrae el virus, asegura que el último lugar adonde iría sería el hospital.
«Está difícil cuando uno no tiene cómo pagar», dijo a la AFP esta campesina que no quiso dar su apellido.
Cuando su padre fue apuñalado hace unos años y precisó una operación, recibió una factura de 40,000 dólares que aún pagan en cuotas, recordó.
Carlos Buri, un ecuatoriano de 46 años que vive en Corona, Queens, sí fue trasladado a un hospital.
Su esposa, Blanca Vélez, contó a la AFP que vino a buscarlo una ambulancia cuando ya llevaba varios días con fiebre alta, diarrea, no conseguía caminar y le costaba respirar.
Le hicieron el test, que dio positivo, le ordenaron cuarentena y le enviaron una factura de 1,330 dólares por la ambulancia que no puede pagar porque ambos perdieron sus empleos.
«Ahora nos da miedo volver al hospital. Le van a decir que saque un Medicaid de emergencia y entonces pasa a ser una ‘carga pública'», dijo Velez mientras hacía fila en Corona para recibir una bolsa gratuita de verduras.
En Brooklyn, la vendedora ambulante Guadalupe Galicia sospecha que tuvo el virus, pero le dio miedo ir al hospital.
«Tengo pánico de contagiarme, no sabía si tenía el virus o solo una simple gripa», dijo esta mexicana de 40 años que vive con cuatro de sus hijos.
Hace dos meses que no sale a vender tamales, y le avisó a su casero que no podrá pagar su alquiler.
A veces solo cenan frijoles. «Para los niños es una desesperación», contó.