- Los pasos que se han seguido en la construcción de este laberinto que pretende mantener al país sin cambios,
Un laberinto se construye poniendo paredes que se entrecruzan, con recorridos complicados para hacer que las personas no puedan encontrar con facilidad la salida y, una vez dentro, pierdan incluso la noción de su destino. En Guatemala, la clase política dominante ha logrado construir un laberinto que, con múltiples caminos, nos está conduciendo a un caos sociopolítico.
Guatemala de la Asunción – Aunque la Constitución estableció principios republicanos con independencia de poderes, la clase política se ha ido adueñando de todas las instituciones, al extremo de alcanzar la mayor concentración de poder que se ha visto en el país desde el retorno a la democracia en 1986, después de dos gobiernos militares de facto y dictatoriales.
El proceso se ha concretado en el último lustro y las instituciones han ido cayendo una a una, siempre con la mirada puesta en garantizar impunidad a lo que primero se llamó pacto de corruptos y ahora está en manos de una alianza oficialista, integrada por mafias, políticos, diputados, jueces, magistrados, militares y empresarios, entre otros.
Con la llegada del primer gobierno civil en 1986, la llamada sociedad civil, tuvo un papel importante en la vida democrática, al extremo de ser determinante cuando Jorge Serrano intentó dar golpe de estado en 1993 al Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En esa ocasión, fue la Corte de Constitucionalidad (CC) la que salió al rescate de la institucionalidad y logró restablecer la democracia.
En los siguientes períodos constitucionales pareció funcionar la institucionalidad. Se logró sobrevivir al autoritarismo de Álvaro Arzú y al populismo de Alfonso Portillo, pero al mismo tiempo la corrupción –siempre existente– principia a enraizarse en la administración pública de manera similar a la forma en que el cáncer se extiende en el cuerpo humano.
Para el año 2012, con la llegada al poder del Partido Patriota (PP) ya se veía marcada tendencia a manipular las elecciones que se llevan a cabo con la participación de las comisiones de postulaciones para tener influencia en instituciones clave y con ello se observa un incipiente deterioro institucional.
El golpe inesperado
Los dos primeros años de la administración de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, muestran que hay estructuras de corrupción infiltradas en el Estado, y la prensa independiente destapa casos de corrupción que generan indignación ciudadana.
Es entonces cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), acomete una tarea de la que parecía ser ajena.
El comisionado Iván Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana asumen la investigación de varios casos que desnuda la corruptela imperante y se abren varias investigaciones de manera paralela. El poder político por fin encuentra un valladar dispuesto a enfrentarlo.
La historia es conocida. Primero Baldetti y luego Pérez Molina se ven obligados a renunciar ante las acusaciones en su contra y se destapan diferentes estructuras criminales que operan en torno al poder político y fomentan corrupción y enriquecimiento ilícito de políticos –funcionarios– y empresarios.
Aquel destape fue brutal, porque la CICIG mostró con pruebas y hechos la forma en que los políticos se convirtieron en virtuales asaltantes del erario nacional. La prensa independiente juega un papel determinante en apoyo a favor de la lucha anticorrupción.
Antes de aquella irrupción necesaria de la CICIG, nada parecía detener la corruptela que abarca desde entonces todas las instancias de la administración pública, tanto en el ámbito del gobierno Central, como en las corporaciones municipales y las instituciones autónomas o supuestamente independientes.
A construir el laberinto
En el año 2016 era claro para la ciudadanía que la corrupción había avanzado demasiado. El poder político comprende al mismo tiempo que la CICIG y el Ministerio Público (MP) se han convertido en un peligro para sus intereses. Llega un nuevo presidente bajo un eslogan engañoso: ni corrupto ni ladrón. Jimmy Morales fue el encargado de iniciar la construcción del maléfico laberinto en el que hoy está atrapada Guatemala, su gente y su sistema democrático.
¿Por qué un laberinto?: El nivel de corrupción ha alcanzado los peores niveles en décadas, la actividad política se ha convertido en una fuente de riqueza ilícita, la clase política es una especie de club, en el que la estafeta para enriquecerse se pasa de un grupo a otro, sin importar ideologías.
¿Qué necesitan?: Crear un marco que garantice impunidad; que no haya forma de detener el avance de este sistema antidemocrático al que muchos llaman cleptocracia y que –y esto es muy importante–, se tenga un control institucional que prevalezca en el tiempo, para que quienes van de salida no sean perseguidos por los que llegan.
¿Entonces? Se busca la mecánica para lograr que todas las instituciones importantes y determinantes del país, respondan a los mismos intereses, aunque con ello se provoque un daño que costará mucho tiempo enmendar. Es ideal crear un laberinto en el que haya división social, borrar o debilitar los contrapesos que puedan existir, y favorecer a los grupos poderosos e influyentes que se integren en una alianza oficialista.
PASO UNO: salir de la CICIG y tomar el MP
Para el año 2018, la CICIG se ha convertido en una piedra de tropiezo para el sistema político imperante y el pacto de corruptos dispone salir de ella. En efecto, Veláquez y Aldana han cometido algunos errores que pagarán caro –entre otros, impulsar la reforma constitucional en la forma como lo hicieron–. Sus detractores aprovechan y eso permite que les endilguen que la persecución anticorrupción es ideológica.
Bajo ese señalamiento, logran dividir el movimiento ciudadano que pedía desde 2015 en La Plaza #Renuncia Ya y #JusticiaYay se abre la posibilidad para que Jimmy Morales inicie las acciones con terminan con la expulsión del comisionado Velásquez, y la posterior salida de la CICIG, al no renovar su gobierno el mandato ante la ONU.
Sin la CICIG en el camino, faltaba terminar con las acciones de investigación que emanaban aún de la fiscalía Contra la Corrupción (FECI). La fachada fue permitir su labor, pero luego, desde que Morales nombra a Consuelo Porras, se inicia la tarea de debilitar las acciones del fiscal Juan Francisco Sandoval, quien termina en el exilio después de servir al país.
PASO DOS: La Corte Suprema de Justicia (CSJ)
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) termina su mandato en octubre de 2019 y la mayoría de magistrados son afines al poder político, por lo que la estrategia principia por prolongar inconstitucionalmente su período.
Esa es la herencia que Morales le entrega a Alejandro Giammattei, quien encuentra el camino allanado para continuar con la construcción de laberinto.
Se hace en el Congreso de la República una alianza con la mayoría de partidos políticos representados en el Legislativo, con la que se alcanza la mayoría calificada y se garantiza que no se lleve a cabo la elección de magistrados para la Suprema –ni de salas de apelación– para dar el control absoluto del Organismo Judicial a la alianza oficialista.
El MP en manos de Porras no actúa a propósito en contra de la Junta Directiva del Congreso por el retardo malicioso e incumplimiento constitucional.
El laberinto se vuelve complicado para la debilitada sociedad civil y la confusión aumenta en la mayor parte de la población, ya perdida en los corredores internos de aquella maraña en formación.
PASO TRES: La CC
El asalto a la CC resultó más sencillo. Los magistrados –5 titulares y 5 suplentes– se eligen por parte 3 por los poderes del Estado, es decir, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, todos bajo el control absoluto de la alianza oficialista. Eso ya garantizaba cualquier decisión favorable en el pleno, pero no conforme con eso, el poder político expulsa a Gloria Porras por ser opositora y obliga a la USAC a repetir su elección para nombrar representante.
El quinto magistrado llega del Colegio de Abogados, también bajo la influencia del oficialismo. Así cuentan con los cinco votos para lo que deseen.
Eso cierra el círculo de la justicia y garantiza que no habrá persecución penal contra los integrantes de la alianza. Sin un sistema de justicia independiente se debilita la democracia, pero no toda la población entiende lo que sucede.
PASO CUATRO: Todo lo demás
Aunque en el orden cronológico ocurrió antes, la alianza oficialista encabezada por Giammattei logró el control del Tribunal Suprema Electoral (TSE), luego coopta la Procuraduría de los Derechos Humanos, (PDH), y hasta impone a su conveniencia autoridades en la USAC y últimamente el Comité Olímpico Guatemalteco (COG).
Tras los gobiernos militares de facto de los general Efraín Ríos Montt y Oscar Mejía Víctores, quienes gobernaron con todos los poderes en su mano, nunca se había visto tanta concentración de poder en una persona o grupo en el país.
El control de todas las instituciones del sector justicia, los Derechos Humanos, y el TSE, hace que la alianza oficialista tenga las herramientas necesarias para perseguir, acosar o atemorizar a todos los que considere sus opositores o enemigos y detener las acciones judiciales contra sus miembros.
De hecho, esa ofensiva principió hace meses, cuando las acciones del MP, la CSJ y la CC se alinearon contra jueces y fiscales que libraron batallas anticorrupción, así como periodistas o activistas que se consideran de oposición.
El peligro que se vislumbra es el proceso electoral, ya que con la determinación que han borrado toda la institucionalidad en el país, el siguiente paso es asegurarse de que el oficialismo o alguno de sus aliados sea el ganador en las elecciones generales. Para ello, el TSE debe limpiar el camino de posibles candidatos que tengan posibilidades de crecimiento y de un eventual triunfo en las urnas.
El acoso ha principiado con los señalamientos contra Roberto Arzú y Neto Bran, pero hay otros aspirantes en la mira.
En corrillos del Palacio Nacional y Casa Presidencial se comenta que se han escuchado conversaciones que apuntan a que se promueva la prolongación de la actual administración, tomando en cuenta que si hay denuncias de fraude y se produce un caos electoral, podrían declarar las elecciones inválidas y repetir en la Presidencia lo que se hizo con la CSJ, que se ha mantenido anticonstitucionalmente en el cargo, mientras el caso ni siquiera se discute en las cortes… que en este caso respaldan al oficialismo!!!
Recuadro
Preguntas que flotan en el ambiente
¿Intentará prolongar su período Alejandro Giammattei, sabiendo que tiene el control de todo el sistema de justicia?
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los magistrados del TSE para impedir la participación de candidatos presidenciales con posibilidades de disputar la presidencia al oficialismo?
¿Por qué la ciudadanía muestra apatía ante los evidentes hechos antidemocráticos de la alianza oficialista?
¿Podría surgir, un movimiento político-social fuerte para hacer frente al sistema político?
¿Cuál será el camino para salir del laberinto en el que la alianza oficialista ha metido al país?