El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado al exconsejero delegado de la constructora Copisa Francesc Xavier Tauler —pendiente de juicio por el caso tres per cent– en ‘Pit’, la pieza separada número 4 de ‘Tándem’ que investiga el proyecto del comisario jubilado José Manuel Villarejo por el que habría facturado 7,4 millones de euros a los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura para frenar la extradición del primero a Guatemala.
En un auto adelantado por ‘El Periódico de España’ y al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 pone el foco sobre Tauler por el pago de una comisión de 30 millones de euros para la concesión de un contrato para el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, así como para los directivos de la autoridad local adjudicataria Empresa Portuaria Quetzal-EPQ.
El escrito detalla que lo que se investiga es la adjudicación a la empresa TCQ del proyecto de construcción de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal en Guatemala. Así, y mediante mordidas, se habría buscado «eludir la vigente normativa de contratación de Guatemala, logrando de este modo la sustitución del procedimiento normado de una concesión pública por la obtención sin una previa licitación».
Y en el centro de operación el juez sitúa a Tauler, que en la fecha de los hechos «era el presidente del Consejo de Administración de COPISA». Precisamente, TCQ habría contratado a COPISA Constructora Guatemala en octubre de 2013 mediante un contrato cuyo objeto era la proyección y ejecución material de la terminal de contenedores.
Tauler firmó los negocios «esenciales» para articular el pago
En este sentido, el magistrado señala que de las diligencias practicadas se desprende la relevancia de la intervención de COPISA, ya que se ha constatado la facturación a sociedades instrumentales a través de contratos de obra ficticios por importe de más de 29 millones de quetzales, que a la postre resultarán ser casi 36 millones.
El modus operandi consistiría, según el auto, en el ingreso por parte de COPISA de cantidades en las cuentas bancarias de un grupo de sociedades instrumentales creadas con la única finalidad de canalizar el delito de cohecho cometido y todo ello simulando una actividad contractual ficticia relacionada con aspectos de la construcción que jamás se llegaron a efectuar.
La imputación de Tauler, señala García-Castellón, viene por los indicios de la comisión de un delito de cohecho y de la posible participación en los hechos del empresario, «ya que fue él quien firmó los negocios jurídicos ficticios, esenciales para la articulación del pago ilícito de cantidades cuyos destinatarios finales» eran presidente y vicepresidenta respectivamente.
Por otro lado, Tauler se encuentra a la espera de fecha para el juicio de la conocida causa del 3 per cent, en la que se investiga el pago de comisiones ilegales a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos.
En 2015, el juez José de la Mata imputó a Tauler por los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental, al considerar que pudo satisfacer comisiones y pagos ilegales a Pujol Ferrusola «en contraprestación a gestiones realizadas por el investigado o su entorno más próximo para beneficiar a aquellas empresas».