- La asignación del polémico titular del Juzgado Séptimo para procesar a los líderes indígenas de los 48 Cantones y Sololá es vista como un mensaje de escarmiento y una amenaza directa al derecho de resistencia pacífica en Guatemala.
En un movimiento que ha encendido las alarmas de organizaciones civiles y organismos internacionales, el Organismo Judicial confirmó que el juez Fredy Orellana será el encargado de llevar el proceso penal contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
Ambos líderes fueron rostros visibles de la resistencia indígena que, en 2023, se volcó a las calles para defender la transición democrática frente a los intentos de anulación electoral liderados por el Ministerio Público.
La llegada de Orellana a este caso no es vista como un trámite administrativo más, sino como una decisión política cargada de simbolismo. Orellana se ha consolidado como el juez más cuestionado del país, señalado por utilizar el derecho penal como una herramienta de persecución contra quienes desafían el statu quo.
Un historial de «golpismo judicial»
Fredy Orellana no es un desconocido para la opinión pública. Su nombre cobró relevancia internacional durante el proceso electoral de 2023, cuando se convirtió en el brazo ejecutor de las acciones contra el partido Movimiento Semilla.
“La figura de Orellana representa el uso del sistema de justicia como una extensión de la persecución política. No estamos ante un juez imparcial, sino ante un actor que ha demostrado su disposición para retorcer la ley con el fin de anular a opositores o críticos”, señala un analista jurídico consultado bajo condición de anonimato por seguridad.
Entre sus casos más emblemáticos destacan:
- La suspensión de Semilla: Ordenó la cancelación del partido en pleno balotaje.
- El golpe a la prensa: Autorizó la captura de José Rubén Zamora, provocando el cierre de elPeriódico. Luego manchó el proceso con una serie de ilegalidades que afectan hasta la fecha al periodista, detenido «provisionalmente» por más de tres años.
- Ataque a fiscales: Ha facilitado el exilio de decenas de operadores de justicia que investigaban redes de corrupción.
El estigma de la «Lista Engel»
La conducta de Orellana ha trascendido las fronteras. El Departamento de Estado de los Estados Unidos lo incluyó en la Lista Engel, señalándolo oficialmente como un «actor corrupto y antidemocrático». Según el gobierno estadounidense, Orellana ha socavado los procesos democráticos al autorizar procesos penales con fines políticos. También fue sancionado de forma parecida por los países de la Unión Europea.
Al respecto, defensores de derechos humanos coinciden: “La presencia de un juez sancionado internacionalmente en un caso de esta relevancia social anula cualquier garantía de debido proceso. Es un mensaje de impunidad hacia adentro y de desafío hacia afuera”.
Pacheco y Chaclán: ¿Justicia o venganza?
Luis Pacheco y Héctor Chaclán (ambos exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán) enfrentan acusaciones que incluyen terrorismo y obstrucción a la justicia, cargos que la defensa califica de «fabricados» para castigar la movilización social de octubre de 2023.
«Lo que estamos viendo es una crónica de una condena anunciada», explica un representante de organizaciones indígenas. «Poner a Pacheco y Chaclán frente a Orellana es poner a las víctimas frente a su perseguidor. Los cargos de terrorismo son una herramienta clásica para deslegitimar a los pueblos que defienden la democracia».
Para los analistas, que el caso recaiga en el juzgado de Orellana garantiza tres escenarios probables:
- Parcialidad evidente: Un juez con animadversión probada hacia los movimientos pro-democracia.
- Prisión preventiva prolongada: El uso de la cárcel como condena anticipada.
- Criminalización de la protesta: Sentar un precedente donde manifestarse sea equiparado con actos terroristas.
Con esta asignación, el sistema de justicia guatemalteco parece enviar un mensaje claro a los pueblos indígenas: la resistencia de 2023 tendrá un costo legal, y el encargado de cobrarlo será, precisamente, el juez del que la comunidad internacional y la ciudadanía más desconfían.