El presidente electo, Donald Trump, inició su ataque a los migrantes indocumentados sustentándose en el tema de la seguridad interna de su país, pero desviándose de la realidad al mezclar los acontecimientos terroristas cometidos por extremistas islámicos, con los inmigrantes que ingresan por la frontera sur, los hispanics, que van en busca de oportunidades de empleo y superación.
Generalizó su referencia a ellos como criminales, narcotraficantes y violadores, cuando en realidad son personas ilusionadas con el sueño americano, y que ingresan indocumentados, no existe una habilitación lógica y ordenada en la extensión de visas (temporales), para que nuestros compatriotas puedan llegar documentados a suplir el trabajo demandado, especialmente en el área agrícola y en la construcción en la que escasean en aquella nación.
Del otro lado, es obvio que el desequilibrio total que se vive en nuestro país entre el crecimiento poblacional y el crecimiento económico, fuerza a los jóvenes a ver hacia afuera en busca de oportunidades que aquí no existen. De hecho, muchos campesinos cruzan la frontera con México y son empleados allá en la época de cosechas para trabajos en fincas cercanas a la frontera. Pero, llegan con autorización del vecino país, que con lógica ha abierto las puertas para llenar las necesidades laborales temporales en el campo agrícola.
Las acciones anunciadas por el señor Trump en el marco de su campaña populista, divisionista y discriminatoria, fueron producto de la exacerbación de culpabilidades asignadas en su discurso a determinados grupos, incluyendo principalmente a los migrantes. La realidad es que aquellos que llegan a cometer delitos graves, pero no son intencionales contra los estadounidenses, son en realidad una excepción, como sucede entre los propios nacionales que cometen hechos violentos en aquella nación. Precisamente nuestros compatriotas buscan llegar a EE. UU., por la responsabilidad y la ilusión de lograr ingresos significativos que les permitan contribuir al bienestar de sus familiares por la vía de las remesas.
Inicialmente, el presidente electo anunció la deportación de los 11 millones aproximados de trabajadores indocumentados, y más recientemente, ha reducido la cifra, afirmando que deportará alrededor de 2 millones, quienes supuestamente han cometido hechos delictivos. Ojalá no incluya faltas en asuntos de tránsito.
Son curiosas las afirmaciones del presidente electo, quien pareciera borrar de su pensamiento una realidad que él mismo conoce, porque ha empleado a hispanics para trabajos de construcción, y porque es generalizado el conocimiento sobre la necesaria contratación de latinos en EE. UU., quienes también ocupan numerosos cargos en cocinas, lavanderías y otros.
Impacto dramático tiene también su insistente proyecto del muro que jura construirá en la frontera con México, el que se estima tendría un costo de 21,000 millones de dólares y el cual afirma que será financiado por el vecino país pero también que podría financiarlo con impuestos a las remesas, aun las de las personas que si están regularizadas en EE. UU.
Quizás éste es el elemento que más muestra la deshumanización del presidente electo. Todos entendemos el drama y los riesgos implícitos en la migración indocumentada y todos quisiéramos evitarla, pero ¿no es más lógico y humano contribuir al desarrollo de oportunidades internas de las naciones de mayor flujo, como las del Triángulo Norte, en vez de construir muros? Destinar recursos suficientes a nuestros países no solo motivaría un reconocimiento a su esfuerzo sino ahorraría muchos millones comparativamente al famoso muro y daría alternativas a la riesgosa migración. Además, sería dinero productivo que favorecería el progresivo desarrollo, al abrir oportunidades a los Centroamericanos y no una inversión dañina y ofensiva.
Y es que cualquiera que haya conversado con nuestros emigrantes conoce las razones que tienen para tomar los tremendos riesgos que asumen al intentar cruzar el territorio mexicano para llegar a la frontera con EE. UU. Y lo hacen, en gran parte, por la incapacidad del Estado guatemalteco, la parálisis productiva y el desaliento a la inversión, tanto interna como internacional que sostiene un crecimiento limitado pero insuficiente para el país. Por supuesto, la ineficacia gubernamental que se ha acentuada en los últimos años, ha impedido alcanzar el porcentaje del crecimiento económico (6-7 %), que permitiría avanzar en el desarrollo nacional con la instalación de nuevas empresas que conllevarían a la creación de empleos y oportunidades para las nuevas generaciones.
En otras palabras, qué bueno sería ver al nuevo presidente de un gran país, con impacto crucial para Guatemala, humanizara sus propuestas y sustituyera su dedicación a la construcción, por una visión congruente con su cargo de servir a sus ciudadanos y ampliar la vista más allá de sus fronteras para evitar mayor daño a seres humanos que sufren y padecen y que ven en aquel país una vía de salvación.