El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) solicitó este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) medidas cautelares a favor Juan Francisco Solórzano Foppa, exfuncionario y abogado opositor del Gobierno, detenido esta semana por presunta falsedad ideológica.
La entidad expresó su preocupación por la seguridad física de Solórzano Foppa, quien se encuentra en la prisión del cuartel Matamoros, donde según medios locales está siendo extorsionado por más de 10,000 dólares.
“Exigimos al Ministerio de Gobernación (Interior) a través del Sistema Penitenciario que garantice los derechos del abogado Solórzano Foppa mientras se encuentra detenido en el cuartel militar Matamoros”, escribió el GAM en redes sociales.
Arresto
Solórzano Foppa fue arrestado este miércoles por supuesta falsedad ideológica y será escuchado en su primera declaración el 27 de mayo.
De acuerdo a un análisis de la ONG Insight Crime, el abogado fue arrestado el mismo día en que se anunció que el expresidente Otto Pérez Molina no será procesado por su conexión con el caso Red de Poder Corrupción y Lavado de Dinero, el cual fue abierto gracias a la ayuda de Foppa y de Aníbal Argüello, quien se desempeñó como abogado e investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ambos enfrentan cargos por un caso que incluye la presunta falsificación de documentos oficiales para un nuevo partido político que Solórzano Foppa trataba de crear.
Análisis de InSight Crime
«Este parece ser ejemplo más reciente, y el más ostensible, de la forma como Guatemala protege a sus élites en el poder de la judicialización criminal y en lugar de eso persigue a los cruzados contra la corrupción», asegura la ONG que busca profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe mediante la publicación periódica de informes, análisis e investigaciones sobre este flagelo y sobre los esfuerzos de los Estados para combatirlo.
«Un portavoz del Departamento de Estado declaró a InSight Crime por correo electrónico que al Departamento le preocupa el ‘esfuerzo [al parecer] sistemático de Guatemala por aislar a personas reconocidas por combatir la corrupción’ y la detención bajo cargos espurios de personas que participaron en anteriores iniciativas para promover la transparencia».
«El expresidente Jimmy Morales (2016-2020) encabezó una campaña contra la CICIG, al declarar a su director ‘persona non grata’ y negarse a renovar el mandato de la comisión y expulsar a sus fiscales del país sin ninguna repercusión, pese a los reclamos de la comunidad internacional. La medida benefició directamente a los implicados en las investigaciones de la CICIG, incluido Morales y varios aliados».
«Este desafío abierto se ha mantenido en el mandato del presidente Alejandro Giammattei», refiere la ONG.