Medio salvadoreño desnuda también actitud del «aliado» Ángel González y Canal 7
La investigación de «El Faro» sobre el supuesto soborno que el presidente Alejandro Giammattei habría aceptado de empresas constructoras para financiar su campaña electoral en 2019 –Q20 millones–, sigue teniendo repercusiones.
Este día el medio salvadoreño hace una nota extensa y detallada de la forma en que ha respondido la llamada «alianza oficialista» ante la noticia publicada, la cual ha tenido otras repercusiones a nivel internacional, e incluso fue objeto de un programa de CCC la noche del miércoles, con Fernando del Rincón.
Del rincón dijo que había solicitado entrevistas con el presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras, sin obtener respuesta, pero les ofreció espacio en su programa hoy «o cualquier día» para hablar sobre el tema.
A continuación, lo publicado hoy por «El Faro» en seguimiento a su nota original.
Gobierno de Guatemala y sus aliados niegan y se contradicen tras publicación sobre sobornos
Tras la publicación de un testimonio que vincula al presidente Alejandro Giammattei con financiamiento electoral ilegal y sobornos de constructoras, el Gobierno de Guatemala y el Ministerio Público cerraron filas junto a medios afines para intentar, entre contradicciones, desmentir al testigo y acusar a El Faro de ser parte de “una campaña de desprestigio de parte de enemigos de la democracia”.
Julie López y Gabriel Labrador / Ciudad de Guatemala
Las 12 horas posteriores a la publicación de un reportaje de El Faro sobre el supuesto pacto del actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, con el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, actualmente detenido y acusado de lavado de dinero, para desviar en 2019 sobornos de constructoras a las arcas de su campaña presidencial, fueron un despliegue de estrategias de desinformación y contradicciones de las instituciones señaladas. En un intento por desmentir los hallazgos, el secretario de Comunicación de la Presidencia montó una conferencia de prensa en la que acusó al periódico de “un ataque político”; el Canal 7, propiedad del empresario mexicano Ángel González, aliado del Gobierno, transmitió una entrevista con el supuesto testigo principal del caso en la que este negó todo; y el fiscal especial Rafael Curruchiche, en nombre del Ministerio Público, dio una conferencia en la que anunció que investigaría al periódico y sus fuentes por revelar un testimonio bajo reserva, con lo que de forma implícita validó la veracidad del testimonio publicado por El Faro.
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El Ejecutivo, los constructores bajo sospecha de sobornar a Giammattei o el Ministerio Público acusado de entorpecer las investigaciones contra el presidente, dieron sin embargo pocas respuestas de fondo: la reacción se concentró en tres aspectos: desmentir que el presidente esté bajo investigación, desacreditar al testigo (a pesar de que nunca se revela su identidad en la investigación) y cuestionar la intención de la publicación y de El Faro como medio.
La ofensiva comenzó en el telenoticiero Noti7, a las 7:15 de la mañana, con una entrevista con alguien que se identificó como “Testigo A”. En los documentos oficiales citados por El Faro se identifica como “Testigo A” a una persona del círculo de confianza de Giammattei que en mayo de 2021 relató ante fiscales de la FECI y la jueza Erika Aifán la reunión en la que, según él, escuchó al entonces candidato y a Benito negociar por teléfono un aporte de 20 millones de quetzales ($2.6 millones) a la campaña de Giammattei, provenientes de sobornos. El sujeto entrevistado por el telenoticiero aseguró ser el informante mencionado en la publicación y dijo que ofreció esas declaraciones porque fue coaccionado por Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) hasta julio de 2021.
Cuando en ese mes la fiscal general Consuelo Porras despidió a Sandoval y él salió al exilio, el exfuncionario dijo a El Faro que una línea de investigación apuntaba hacia Giammattei, aunque era necesario hacer más pesquisas.
El supuesto “testigo A” dijo al noticiero que había hablado con el exfiscal Sandoval y con la jueza (de Mayor Riesgo D) Erika Aifán y que lo habían obligado a “leer un papel” bajo la amenaza de capturarlo, pero no explicó por qué nunca lo denunció. Han pasado casi siete meses desde que Sandoval fue expulsado de su cargo, abandonó el país por tierra hacia El Salvador, y ahora vive exiliado en Washington.
No hay certeza de que el entrevistado en el noticiero sea efectivamente el Testigo A, de quien El Faro conoce la identidad y cuya voz distorsionó por seguridad antes de la publicación de algunos segmentos de su declaración original. Esto a pesar de que la persona entrevistada en Noti 7 habló sin ningún filtro de distorsión. Noti7 es parte de Canal 7, cuyo dueño es Ángel González, quien ha mantenido cercanía con los gobiernos de turno. En El Salvador, el Canal 12, también propiedad de González, se hizo eco de las versiones que tratan de desacreditar la publicación de El Faro.
Después del espacio en Noti7, el Gobierno anunció una conferencia de prensa en Casa Presidencial a las 8:30 de la mañana con el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López. En la conferencia, López se refirió a la publicación del reportaje como a “un ataque político coordinado cuya intención es dañar su imagen”, hablando del presidente. Aseguró que el presidente no conocía ninguna investigación en su contra.
El secretario agregó que, hace unos días, altos funcionarios de los Estados Unidos afirmaron que Giammattei no era investigado, y que ello demostraba “la contradicción en esta historia fabricada”. El texto de El Faro no hace ninguna afirmación sobre investigaciones de parte de Estados Unidos, pero sí explica que, según un agente del Departamento de Estado estadounidense y una fuente guatemalteca, tanto esa oficina como el FBI tienen la grabación de lo dicho por el Testigo A.
El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi (2012-2015), s últimos dos años ha confesado haber recibido sobornos de constructores nombrados por el Testigo A, publicó su propio comunicado para anunciar que exigirá que el Ministerio Público investigue cómo documentos relativos a su declaración —dada bajo reserva en julio del año pasado— llegaron a El Faro. En septiembre de 2020, un mes después de entregarse a la justicia y de permanecer prófugo cuatro años, Sinibaldi admitió ante un juez haber participado en una estructura de sobornos.
El jefe de la FECI, el fiscal Rafael Curruchiche, también se sumó por la mañana al esfuerzo por atacar el reportaje. Anunció que abrirá una investigación acerca de cómo se filtraron la información y las grabaciones, y cómo estas llegaron hasta El Faro, pero dejó entrever que la investigación judicial y las grabaciones son ciertas.
Un llamado a la prensa
“Hacemos un llamado a los medios de comunicación a no replicar estas noticias falsas, maliciosas, construidas y coordinadas, porque el viernes (11 de febrero), cuando nos piden la postura, no lo hace sólo un medio, lo hacen aproximadamente tres medios de comunicación extranjeros, todos con sede en Washington”, añadió el secretario de Comunicación Social en la conferencia, en referencia al día en que el periodista de El Faro llamó a Presidencia para pedir su postura sobre los hallazgos. A lo largo de este martes, decenas de medios guatemaltecos e internacionales replicaron la información en sus redes sociales.
Más allá del detalle de que El Faro tiene sede en San Salvador y CNN en Atlanta, las llamadas hechas al Ejecutivo para incluir la versión de Giammattei en el reportaje explicarían cómo, desde el lunes, antes incluso de que El Faro publicara su investigación, cuentas de netcenters en Guatemala comenzaron a divulgar en Twitter que “CNN y El Faro” serían “la punta de lanza” en “el contraataque de la izquierda el próximo miércoles”.
Al final de la alocución de López, El Faro lo abordó para hacerle preguntas. El secretario aclaró entonces que el presidente no podía saber si el exministro Benito, quien según el Testigo A negoció los sobornos, había cometido delitos durante el Gobierno de Jimmy Morales —“El MP es el único facultado para iniciar una investigación”, dijo— y no aclaró si Giammattei había hecho una investigación interna al asumir el Ministerio. Se le preguntó si el presidente respaldaba la desarticulación de la FECI emprendida por Consuelo Porras, y López respondió:“Específicamente [de la] FECI, al Ejecutivo no le corresponde opinar”, aunque en junio pasado el mismo Giammattei dijo a la agencia Reuters que Sandoval, todavía jefe de la FECI en ese momento, realizaba “una justicia selectiva”.
“Cuando usted lee los escritos, incluso las opiniones políticas de un fiscal, que no lo debería de hacer, revise el tuit y va a encontrar que lo que él expresa va acorde a una ideología”, dijo el presidente según el portal Soy502 el 3 de junio de 2021. Después, el mandatario acusó a Reuters de tergiversar sus palabras. Sandoval fue despedido siete semanas después por Porras.
Múltiples contradicciones
El secretario López se refirió al reportaje de El Faro como una noticia falsa, después de la emisión matutina de Noti7. Ocurrió unos minutos antes de que, en su conferencia de prensa, el fiscal Curruchiche anunciara la apertura de una investigación acerca de la filtración de evidencias en resguardo. Sin decirlo explícitamente, el fiscal reconoció que existe la investigación que López negó. El MP dejó poco lugar a dudas al referirse en redes sociales a “una investigación que está bajo reserva y que cuenta con la declaración de una persona con datos reservados”. En la conferencia del fiscal, cada palabra fue crítica hacia la publicación y el medio: “Es preocupante, porque se pone en peligro la investigación y a las personas y, por tanto, hay una obstrucción a la investigación”, dijo. Sin embargo, no se desmintió la información publicada.
Antes de cumplirse las 20 horas de la publicación de El Faro, el vespertino La Hora explicó que el fiscal Curruchiche investigaría cómo los audios y la información fueron filtrados a El Faro. Por otro lado, Curruchiche nunca apuntó posibles investigaciones contra Noti7 y la forma en que ese medio identificó y entrevistó a un “Testigo A” que desmintió todo en favor del presidente Giammattei.
En contraste con el interés mostrado por Curruchiche en esta publicación, la jueza Erika Aifán, en cuyo juzgado está el testimonio clave, ha denunciado en múltiples ocasiones que documentos vinculados a procesos con reserva judicial han sido sustraídos de su juzgado desde 2018, y el MP no lo ha investigado a pesar de las denuncias. En 2019, cuando la información de varias órdenes de captura apareció replicada en Twitter, en un caso de alto impacto y con reserva, la fiscal general anunció que investigaría la fuga de información. Sin embargo, Aifán señaló que hasta dos años después (en octubre de 2021) el MP citó a un periodista relacionado con la publicación. Curruchiche no se ha pronunciado respecto a estas otras filtraciones, que también atañen a casos que inició la FECI.
Sigue la persecución a la CICIG
Desde el jueves pasado había un estado de alerta por la continuada persecución de exfuncionarios vinculados con la CICIG, después de que las autoridades capturaron a la exmandataria de la comisión, la abogada Leyli Santizo, a pedido de la FECI dirigida por Curruchiche. Santizo había investigado estructuras de corrupción que incluían al juez ante quien fue llevada después de su captura, Geisler Pérez Domínguez. Al juez Pérez Domínguez, la FECI de Sandoval lo había vinculado con el caso Comisiones Paralelas, una estructura ilegal diseñada para influir en la elección de jueces y magistrados.
Santizo está en una cárcel dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la capital guatemalteca, donde guardan prisión algunos condenados por casos que ella llevó con la CICIG.
La nueva FECI también había pedido la captura de otra exabogada de la CICIG, Siomara Sosa, detenida este martes. Los pasados días 11 y 14 de febrero, Sosa había intentado entregarse al juzgado, que la rechazó porque el expediente aún no estaba en esa sede. Este 15 de febrero, se presentó también en tres ocasiones a una comisaría para entregarse, y tampoco la detuvieron, sino hasta la tercera vez, cuando la condujeron al respectivo juzgado. “Si era necesario pasar por esta situación para que me escuche el juez, decidí hacerlo”, dijo Sosa a El Faro, minutos después de que agentes de la Policía le colocaran las esposas en la sede de tribunales. Se le preguntó si consideraba que la acusación en su contra tenía fines políticos: “La certeza no la tengo, porque no he tenido acceso a lo que se me está acusando”, agregó. “Lo que sí es cierto es que se está criminalizando la función de los abogados, entre ellos mi abogada, y se está vedando el derecho de defensa, eso sí es notorio”.