Las investigaciones en materia de delitos económicos efectuadas por la Fiscalía de Delito Económicos del Ministerio Público se han traducido en la recuperación a favor del Estado de Guatemala, de Q.1 mil 476 millones 472 mil 231.25, según datos del 1 de enero al 15 de agosto 2016.
Según los fiscales, con medidas desjudicializadoras se han recaudado Q. 44 millones 034 mil 914.46 y en montos pagados un total de Q1 mil 432 millones, 437 mil 316.79. Sólo en mayo se pagaron Q.809 millones 188 mil 328.51. Dichos montos ingresaron a través de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Recientemente varias empresas han cancelado los montos de los impuestos defraudados incluyendo las multas e intereses, derivado de la persecución penal estratégica y de las medidas precautorias con carácter de intervención solicitadas en coordinación entre el MP y la SAT, entre las que sobresalen, Hotel Camino Real, S.A; Aceros de Guatemala, S.A; y Agropecuaria Bellamar Tiquisate, S.A.
En lo que va del año empresas han pagado sin necesidad de ser embargadas con carácter de intervención, entre ellas, Deocsa, Deorsa, y Olmeca, S.A; y Unisuper, S.A. Asimismo, con medidas desjudicializadoras sobresale el monto pagado al fisco en mayo del presente año por la entidad Agemaya, de Q.27 millones ,826 mil 382.53.
El 23 de junio con base a la investigación presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos, el sindicado Gustavo Guillermo Sagastume, procesado por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria, pago el monto defraudado más multa e intereses resarcitorios por la cantidad de Q. 9 millones 982 mil 702.26, motivo por el cual el juez le otorgó la suspensión condicional de la persecución penal por el periodo de dos años.
Según la investigación del MP, Sagastume es representante de la entidad Tecnología Agrícola, S.A. y durante los periodos comprendidos del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013, simuló gastos por medio del contribuyente Inversiones Nelson, S.A.
La diligencia de investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos con el apoyo de funcionarios de la SAT estableció que la empresa supuestamente proveedora de los servicios no cuenta con maquinaria, empleados, ni tiene capacidad instalada para la prestación de servicios.
La judicatura le impuso a Sagastume que reciba dos cursos de cultura tributaria en el Centro de Capacitación Tributaria y Aduanera y realizar una donación de Q. 3 mil quetzales una entidad benéfica.