La demanda extraordinaria presentada esta semana por el estado de Texas para que el Tribunal Supremo revoque la victoria de Joe Biden en los cuatro estados más disputados de las elecciones presidenciales (Georgia, Wisconsin, Míchigan y Pensilvania) terminó por convertirse este viernes en un órdago legal.
A este se han suscrito el presidente saliente, Donald Trump, y otros 17 estados, representados en 108 congresistas republicanos, a la espera de una improbable, según los expertos, decisión del Supremo para aceptar la petición.
Dentro de la avalancha de demandas lanzada durante el último mes por los asesores legales de Trump para rescindir la victoria de Biden, la presentada por el estado de Texas esconde su propia peculiaridad porque acusa directamente a los estados implicados de incompetencia en el recuento.
Es decir, abre un conflicto intraestatal que remite a un concepto llamado «jurisdicción original» y que se trata de una especie de «atajo» para acelerar la presentación ante el Supremo, conforme el tiempo corre en contra de las aspiraciones del presidente saliente.
Invalidación de votos
Trump y su equipo piden al Supremo que invalide los votos por correo de millones de votantes en los cuatro estados por entender que «las medidas de restricción contra la COVID-19» adoptadas por las autoridades del estado, sean demócratas o republicanas, han distorsionado el proceso electoral al potenciar un sistema de votación a distancia «sin ningún tipo de cadena de custodia» para proteger las papeletas.
Se trata, pues, de una demanda que en realidad persigue la anulación directa de los votos que todos estos estados conceden a Biden en el Colegio Electoral, un desafío total que, de salir victorioso, colocaría a Biden de nuevo por debajo de los 270 votos que necesita en esta institución para conseguir la Casa Blanca.
Es más, si esta demanda siguiera los derroteros deseados por el equipo de Trump, el Supremo no solo podría anular los votos del Colegio Electoral sino dejar en manos de cada una de las cuatro legislaturas estatales la decisión de elegir al ganador de las elecciones.
Incluso, el Supremo podría enviar el caso a la Cámara de Representantes, donde la elección quedaría en manos de los diputados de los estados afectados, en su mayoría republicanos. Trump, de prosperar este caso, podría incluso ganar los comicios.
A la espera del supremo
La demanda, presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, requiere que el Supremo se pronuncie lo antes posible. Para admitir a trámite el caso, es necesario contar con la aprobación de cinco jueces del Supremo.
Ahora mismo hay seis jueces conservadores, favorables en principio a Trump, pero el gran problema es que la más alta instancia judicial del país se ha negado, categóricamente y desde el principio, a favorecer en lo más mínimo la ofensiva legal del presidente estadounidense.
Voces como la del fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, describen esta demanda como «basada en una realidad alternativa surrealista», que permite a un estado decir a otro cómo desempeñar su labor.
«Nada en el texto, la historia o la estructura de la Constitución respalda el punto de vista de Texas de que puede dictar la manera en que cuatro estados hermanos llevan a cabo sus elecciones», ha denunciado en comentarios recogidos por CNN.
Es más, el propio senador republicano por Texas John Cornyn ha reconocido que está «pasándolo mal para entender siquiera la teoría legal detrás de la demanda».
«¿Por qué un estado, incluso uno tan grande como Texas, podría opinar sobre cómo otros estados administran sus elecciones? Tenemos un sistema difuso y disperso y aunque no nos guste, pueden pensar que es injusto, esto se decide a nivel estatal y local, no a nivel nacional», ha manifestado.