Por: Juan David Gutiérrez R.*
Que más de 100 países hayan apostado por implementar una ley de competencia y que Guatemala sea prácticamente el único país de la región que no cuenta con una legislación integral de este tipo ya no es el punto central del debate. El reto ahora es que el Congreso apruebe una ley de competencia a la tortrix, es decir, una ley que recoja las lecciones de otros países y que se adapte al contexto guatemalteco.
Los beneficios económicos de la correcta aplicación de una ley de la competencia están muy documentados y la evidencia empírica es contundente. En promedio, pagamos un sobre precio del 30% en los mercados en los cuales la competencia es baja (por ejemplo, por la existencia de carteles) y esto disminuye artificialmente la capacidad adquisitiva de consumidores, empresas y del mismo Estado (¡que es el mayor comprador en el mercado!). Como lo demuestra un caso que acaba de decidir la autoridad de competencia de Colombia sobre acuerdos entre competidores para aumentar precios de los cuadernos desde el año 2001, las prácticas anticompetitivas pueden afectar nuestros bolsillos durante décadas si el Estado no interviene. Mientras el impacto negativo de las prácticas anticompetitivas es millonario, poner en marcha la legislación representa una fracción de los sobrecostos que todos los consumidores pagan sin darse cuenta..
A Guatemala le conviene aprobar una buena ley de competencia, pero ese es solo el primer paso y quizás sea el más sencillo. Lo trabajoso vendrá luego: construir una institucionalidad idónea, transparente, y no politizada. La legislación de competencia es una herramienta útil, así lo indica en abundancia la experiencia y evidencia en países con economías de todos los tamaños. Pero la utilidad de toda herramienta depende de que la usemos bien y por eso es imprescindible construir una institucionalidad capaz de aplicar la ley en beneficio de todos. Además, las políticas y leyes de competencia no pueden ser ruedas sueltas, es preciso articularlas con otras políticas económicas.
Por todo lo anterior, este es el momento ideal para promover un debate público que se centre en decidir asuntos como la estructura e independencia de la autoridad de competencia; el monto las de las sanciones que efectivamente disuadan el incumplimiento de la ley; el diseño de procesos legales que sean efectivos, pero que también garanticen el debido proceso; los mecanismos judiciales para la indemnización de las víctimas de prácticas anticompetitivas; y, la definición de las conductas exceptuadas de la aplicación de ley, por razones de eficiencia (ej. acuerdos de cooperación para innovar) o de equidad (ej. algunos acuerdos entre pequeños productores agropecuarios).
Permítanme ser franco con ustedes, he escuchado y leído muchos mitos, mentiras y verdades a medias acerca de la implementación de una ley de competencia en Guatemala. Eso es inevitable en una democracia y el único antídoto es el debate abierto e informado. Bienvenido sea.
* (Candidato a doctor en política pública de la Universidad de Oxford)