El Congreso de Estados Unidos abrió este jueves una nueva etapa de la investigación con miras a la destitución del presidente Donald Trump tras un voto crucial que permitirá a los legisladores interrogar públicamente a los testigos.
La Cámara de Representantes -donde los demócratas tienen 224 de los 435 escaños- votó a favor de una resolución que da un marco formal a las investigaciones y autoriza la organización de audiencias públicas, tras cinco semanas de interrogatorios a puerta cerrada.
La votación siguió en gran medida las líneas partidarias, con 232 votos a favor contra 196 en contra, para formalizar el proceso de juicio político, que también brinda oportunidades para que la defensa de Trump interrogue a los testigos.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, activó las pesquisas el 24 de septiembre al trascender las maniobras de Trump para intentar que Ucrania investigase a su rival político, el exvicepresidente Joe Biden, y al hijo de este por sus negocios en el país, lo que perjudicaría electoralmente al precandidato demócrata Biden. La ristra de comparecencias desde entonces, a puerta cerrada, han revelado hasta ahora que Trump se sirvió de una diplomacia paralela —en la que su abogado personal, Rudy Giuliani, desempeñaba un papel fundamental— para influir en Kiev.
Tras conocer la decisión, Trump denunció el jueves en un tuit «la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos».
La Casa Blanca emitió una declaración más larga, acusando a los demócratas de la oposición de tener una «obsesión desquiciada con esta destitución ilegítima».
«Esto es injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense», señaló un comunicado de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.
Antes de la votación, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llamó a los republicanos a apoyar la moción para que el proceso sea público.
«Yo no sé por qué los republicanos tienen miedo de la verdad. Todos deberían apoyar que el pueblo estadounidense escuche los hechos por sí mismo», defendió este jueves.
El 24 de septiembre, Pelosi anunció la decisión de su partido de tomar la incierta vía del juicio político, tras conocerse información sobre una polémica llamada telefónica entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que el mandatario estadounidense pidió a su interlocutor investigar a su rival demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter, por sus negocios en Ucrania.
Por esta conversación, hecha pública tras la alarma expresada por un denunciante, los demócratas acusaron a Trump de haber abusado de su poder con fines personales, pues Biden está bien posicionado para eventualmente convertirse en su rival en los comicios presidenciales de 2020.
El mandatario, exasperado, ha sostenido que esa conversación es «irreprochable» y en la mañana llamó a los republicanos a mantenerse unidos.
A puertas cerradas
Para determinar si Trump utilizó recursos del Estado para presionar a Ucrania a que investigara a los Biden, los demócratas ya han entrevistado a una docena de diplomáticos y consejeros de la Casa Blanca a puerta cerrada en la Cámara baja.
Según lo que ha trascendido, embajadores y altos responsables han ofrecido testimonios potencialmente abrumadores para la Casa Blanca en esas audiencias.
Especialmente han revelado los esfuerzos desplegados durante meses por el círculo más cercano del presidente, entre ellos su abogado personal Rudy Giuliani, al margen de la diplomacia oficial, para convencer a Kiev de generar información dañina para la imagen de Biden.
El presidente y su entorno han criticado el secreto de las audiencias, acusando a los demócratas de filtrar elementos seleccionados para dar una imagen distorsionada de la realidad. También les han señalado de violar el derecho de Trump a defenderse y de avanzar en la pesquisa sin haber realizado ninguna votación previamente.
La resolución aprobada este jueves autoriza a los republicanos a convocar a sus propios testigos en el marco de la fase de la investigación.
El texto también aprueba la transferencia de pruebas a la Comisión Judicial, encargada de redactar los artículos de la eventual acusación contra el presidente. En ese punto, «la participación del presidente y de sus abogados será autorizada», dice una copia del texto.
Fraude
La defensa de Trump podrá entonces pedir nuevos testimonios o documentos, hacer contrainterrogatorios y presentar objeciones. Pero, si el presidente se niega a cooperar con los requerimientos del Congreso, sus peticiones podrán ser negadas.
Por tal razón, la Casa Blanca ha denunciado un «fraude».
Y, en los debates en las comisiones, legisladores republicanos denunciaron además el miércoles un procedimiento «injusto», que según ellos «no es ni abierto, ni transparente».
La Constitución estadounidense solo aborda a grandes rasgos el tema de la destitución presidencial: a la Cámara de Representantes le corresponde hacer la acusación, al Senado el juicio. Considerando la mayoría republicana de la Cámara alta, una destitución parece actualmente improbable.
En otro frente, un juez federal de Washington examinará este jueves por la tarde el caso de un testigo convocado por la Cámara de Representantes, que se considera en tensión por los requerimientos del Congreso y de la Casa Blanca.
La presidencia ordenó en efecto a los miembros de la administración no cooperar con la investigación, porque considera necesario proteger el trabajo del Ejecutivo. Así que la decisión judicial tendrá importantes consecuencias sobre el futuro desarrollo de la pesquisa.