- Los principales señalados por millonarios sobornos, Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi, han sido liberados y exculpados, mientras el Ministerio Público criminaliza a quienes los investigaron: exfiscales, jueces y figuras clave de la CICI
En una inversión total de los principios de justicia, el Ministerio Público (MP) ha dado un giro oscuro en el caso Odebrecht. Aquellos que fueron señalados de recibir sobornos millonarios por parte de la constructora brasileña —como el exministro Alejandro Sinibaldi y el excandidato presidencial Manuel Baldizón— han sido exculpados y recobraron su libertad. Mientras tanto, quienes impulsaron su investigación y captura —como Iván Velásquez, Thelma Aldana o Juan Francisco Sandoval— enfrentan ahora la persecución judicial de la propia fiscalía.
El caso Odebrecht, que en países como Brasil, Perú o Colombia llevó a prisión a expresidentes y poderosos empresarios, ha tomado en Guatemala una dirección insólita: los investigados quedaron impunes y los investigadores se han convertido en los nuevos acusados. Ni siquiera fueron judicializados los diputados que supuestamente recibieron sobornos
Estas maniobras ilegitimas buscan perpetuar la impunidad de individuos como Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y Arturo Batres. quienes -como ha sido demostrado en el pasado— recibieron cerca de 20 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht. La jueza responsable del caso ha permitido que estos y otros actores vinculados a redes criminales permanezcan sin rendir cuentas ante la justicia.,mientras se reinicia una feroz, aunque poco efectiva, persecución de los fiscales anteriores y ex miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG).
Manuel Baldizón fue arrestado en Estados Unidos por lavado de dinero y deportado a Guatemala en 2022, donde enfrentaba acusaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado en el marco del caso Odebrecht. Sin embargo, la FECI, bajo el mando de Rafael Curruchiche, solicitó el sobreseimiento parcial del caso y se desistió de continuar con la persecución penal. Hoy, Baldizón no solo está libre, sino que ha intentado retornar a la política activa.
Alejandro Sinibaldi, por su parte, fue señalado como el eje de una red de sobornos por parte de Odebrecht durante su gestión como ministro de Comunicaciones. Estuvo prófugo durante años y se entregó en 2020. Aunque reconoció en su momento haber recibido fondos ilícitos, también ha sido liberado y exculpado tras negociaciones judiciales cuestionadas por diversos sectores.
Cambio de blancos: de corruptos a fiscales
Lo más grave del viraje en el caso Odebrecht no es solo la liberación de sus principales sindicados, sino la criminalización de quienes lideraron su investigación.
El exjefe de la CICIG, Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano, como , Luz Adriana Camargo actual fiscal general de Colombia, aparecen entre los acusado por la la FECI de haber impulsado acuerdos supuestamente ilegales con Odebrecht. Una Sala de Apelación –¿es legal? giró órdenes de captura contra ellos y 24 personas más.
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 3, 2025
“Lo más insignificante es una orden de captura en mi contra. Lo más alarmante es que hay 60 operadores judiciales que hoy están en el exilio y que han sido acogidos por el gobierno de EE.UU. […] Para esos funcionarios con quienes trabajamos, toda mi solidaridad“ fiscal Luz… pic.twitter.com/u9XhPq5tb4
La acusación ha sido calificada como «descabellada» por el gobierno colombiano y tildada de persecución política. el gobierno del presidente Bernardo Arévalo también ha señalado que se trata de una criminalización de actores que lucharon contra la corrupción en el país.
La ex fiscal general Thelma Aldana, quien sacó a luz decenas de casos de alto impacto junto a la CICIG, vive en el exilio desde 2019. Contra ella pesan varias órdenes de captura por supuestas irregularidades administrativas que han sido desestimadas por observadores internacionales.
El exfiscal Juan Francisco Sandoval, premiado internacionalmente por su labor en la FECI, también fue forzado al exilio en 2021 y enfrenta múltiples cargos en Guatemala, todos surgidos tras su destitución abrupta por parte de Consuelo Porras.
El propio Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, recordó que los exfuncionarios de la CICIG gozan de inmunidad, por lo que se rechazaron las órdenes de captura internacional en contra de Velásquez y Camargo.
Incongruencias que retratan la regresión
A pesar de las confesiones de ejecutivos de Odebrecht, los acuerdos de colaboración firmados con múltiples fiscalías de la región y las pruebas recolectadas durante años, el MP ha decidido desestimar todo ese trabajo. El argumento oficial: que la investigación original fue manipulada políticamente.
Esta narrativa entra en contradicción con fallos judiciales nacionales e internacionales, con los documentos firmados por la misma empresa brasileña, y con la documentación intercambiada con otros países. Incluso la constructora Odebrecht admitió haber pagado 17.9 millones de dólares en sobornos en Guatemala, un hecho que hoy parece haber quedado enterrado.
Un mensaje devastador
El caso Odebrecht, que alguna vez representó una oportunidad histórica para limpiar las estructuras del Estado, se ha convertido en un símbolo de regresión democrática. La persecución penal contra jueces como Erika Aifán o Miguel Ángel Gálvez; el exilio de fiscales y periodistas; y la exoneración de actores políticos implicados en corrupción estructural revelan un uso instrumental de la justicia para proteger intereses oscuros.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación. EE. UU., la UE y la ONU han condenado la criminalización de fiscales y han incluido a figuras como Consuelo Porras y Rafael Curruchiche en listas de actores corruptos y antidemocráticos. Sin embargo, en Guatemala, las estructuras de impunidad parecen haberse blindado contra toda forma de rendición de cuentas.
Analistas nacionales consideran que uno de los fines del MP para reabrir la persecución contra el excomisionado Velásquez, es para exacerbar a los extremistas que en su oportunidad censuraron la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad.
Sin embargo, estas acciones del MP confirman la forma antojadiza en que la fiscalía persigue a los que considera «enemigos políticos» de las fuerzas que mantienen cooptada a gran parte de las instituciones del sector justicia.
Cronología del caso Odebrecht
- 2013-2014: Odebrecht firma contrato para construir una carretera en el suroccidente del país. Se compromete a obras por más de $384 millones. Posteriormente, se detectan pagos ilícitos a funcionarios guatemaltecos, incluyendo diputados.
- 2016: La Fiscalía de Brasil revela el esquema de corrupción internacional. La CICIG y el MP de Guatemala abren investigaciones. Se confirma que $17.9 millones fueron pagados en sobornos en Guatemala.
- 2017: La FECI señala a Alejandro Sinibaldi como principal beneficiado. Entra en calidad de prófugo.
- 2018:Manuel Baldizón es capturado en EE. UU. por lavado de dinero. En Guatemala se le vincula al caso Odebrecht.
- 2020: Alejandro Sinibaldi se entrega. Colabora inicialmente con la justicia y admite haber recibido sobornos.
- 2021: Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, es destituido por la fiscal general Consuelo Porras. Sale al exilio. Denuncia presiones de la fiscal general para impedir sus investigaciones, entre ellas, la del caso Odebrecht
- 2022: Baldizón es deportado a Guatemala. Recibe arresto domiciliario. Posteriormente, la FECI, bajo el mando de Rafael Curruchiche, lo exculpa.
- 2023-2024: La FECI persigue penalmente a exfiscales, jueces y miembros de la CICIG. Curruchiche acusa a Iván Velásquez e incluso a la fiscal general de Colombia.
- 2025: Baldizón también es exculpado. El caso Odebrecht parece cerrado, hasta que Curruchiche anuncia orden de detención contra Iván Velásquez, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, así como contra 24 fiscales y personal de la CICIG. El pasado miércoles 4 de junio la Corte de Constitucionalidad (CC) ordena que Sinibaldi enfrente juicio por el caso. La ONU ratifica su reconocimiento a la labor de Velásquez y su equipo, quienes gozan de inmunidad diplomática.