- En el cuarto día del juicio siguen saliendo a luz hechos que muestran que hubo una intencionalidad «exprés» para encarcelar al periodistas, luego de constantes denuncias de corrupción en la administrción.
Las anomalís y dudas sobre la forma en que se ha seguido el caso en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín por parte del Ministerio Público (MP) siguieron saltando a la vista en cuarto día de un juicio que se ha anticipado como «inquisidor» por parte de «elPeriódico».
Este lunes se reactivó el proceso y tres testigos clave indicaron que el caso se armó en tan solo 72 horas. La exauxiliar fiscal Samari Gómez dijo que la denuncia del caso la presentó en horas inhábiles. El primer aspecto ha sido señalado antes por diversos medios de comunicación, a los que extrañó la celeridad con que actuaron las autoridades para tener una «investigación» y lograr la horden de captura contra Zamora Marroquín.
Zamora es acusado de los delitos de chantaje, lavado de dinero y tráfico de influencias, pero en los primeros días del juicio no se han visto pruebas contundentes sobre ninguno de ellos e incluso declaraciones de testigos del MP apuntan a que no se tienen pruebas sólidas en contra del periodista, e incluso se recuerda que las grabaciones que son utilizadas como medio de prueba, fueron obtenidas por medios ilegales.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, sostiene que Zamora intentó lavar Q300 mil, y asegura que de por medio hubo chantajes en contra de los directivos de Bantrabab, aunque el acusado ha negado esto y explicó que durante años tuvo una excelente relación comercial con la institución bancaria, por lo que se hace «impensable» que existiera chantaje.
El 26 de julio de 2022, García Navarijo presentó una denuncia en horas de la madrugada en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad /Feci) a cargo de Rafael Curruchiche, uno de los personajes guatamaltecos incluidos en la Lista Engel de personas consideradas por Estados Unidos como «corruptos y antidemocráticos».
Jorge Gonzalo Barrios Sánchez, mensajero de elPeriódico, propuesto por la fiscal de la FECI, Cinthia Monterroso como testigo de cargo, relató que el 28 de julio de 2022, en compañía de Roberto Vicente Sandoval, piloto de confianza de Zamora, entregó unos documentos a un hombre a quien identificó con el apellido “Polanco”. La entrega se efectuó en la oficina 305 del edificio Centro Empresarial, ubicado en la zona 10 capitalina.
La FECI mostró como prueba también un video en el cual se observa cuando Barrios Sánchez y Vicente entregan el dinero y reciben un cheque que luego no sería pagado por el banco.
Luis Humberto Chinchilla Estrada, amigo de confianza de García Navarijo, fue el tercer testigo en declarar durante la jornada y resultó ser «el señor Polanco». El fue el encargado de recibir el dinero y grabar la transacción
Zamora y sus abogados sostienen que el origen del dinero es lícito y proviene de la compra-venta de una pintura del artista guatemalteco Elmar Rojas; obra de arte que le vendió al empresario Alejandro José Girón Lainfiesta por la cantidad de Q240 mil. Todos los implicados en la supusta negociación del cuadro son perseguidos por el MP y acusados de «obstrucción a la justicia».
El dinero, según testigos y el propio Zamora se usaría para pagar el Bono 14 a los empleados del matutino.
El pasado 20 de abril, fueron capturados los exabogados de Zamora, Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torrez, por el delito de obstrucción a la acción penal. Asimismo, Girón Lainfiesta, Orlando Alejandro Álvarez Zamora y Juan Carlos Marroquín Godoy fueron procesados por el mismo delito y aceptaron los cargos que les hizo el MP, declarando que se concertaron para crear el documento falso.
Ahora se investiga a Ramón Zamora Marroquín, hijo del acusado, por el mismo caso.
La Feci también acusa a nueve periodistas por «obstrucción a la justicia» porque han escrito señalando las anomalías que se han producido durante el proceso contra Zamora Marroquín, mencionando las resoluciones espurias y hasta ilegales que han promovido fiscales y la Fundación contra el terrorismo y las resoluciones ilegales de los jueces que han intervenido en diferentes etapas.
Organismos internacionales han denunciado el papel del MP y señalan que Zamora es víctima de una trama de la justicia guatemalteca que le castiga por las constantes denuncias que el periodista ha publicado en el diario «elPeriódico».
Organizaciones nacionales e internacionales califican los procesos en contra de Zamora como una persecución política, por las publicaciones críticas que desde elPeriódico se hicieron en contra del gobierno del presidente, Alejandro Giammattei, y la administración del MP a cargo de la fiscal general, María Consuelo Porras.
A raíz del caso, el pasado 1 de diciembre, elPeriódico tuvo que poner fin a su versión impresa y ahora mantiene la versión digital. De esa cuenta, se vio obligado a despedir al 80 por ciento de su personal.