Hay muchos que no creen que en Guatemala ya estamos bajo un régimen dictatorial, aunque los hechos lo demuestran. Ni siquiera tenemos una Corte Suprema de Justicia legítima.
Gonzalo Marroquín Godoy
¿Estamos en camino… o ya estamos bajo una dictadura? Esa pregunta la debe responder cada quién desde su punto de vista, pero lo cierto es que Guatemala reúne las condiciones para que se pueda decir que hemos alcanzado los extremos que identifican a una dictadura, sin importar su tendencia ideológica.
El siglo XX se caracterizó por dictaduras militares en la mayor parte de países latinoamericanos. El resultado es que llegamos al llamado retorno de la democracia con estados subdesarrollados, pueblos en condiciones socioeconómicas complicadas y una gran debilidad institucional que impide la construcción de sistemas políticos funcionales, en gran medida, por la voracidad y corrupción de la llamada clase política.
Guatemala no escapó de esa realidad. Tuvimos gobiernos militares durante gran parte del siglo pasado –con todas sus secuelas–, pero al volver la democracia hemos sido incapaces de construir un sistema político que sea funcional y produzca los resultados que el pueblo necesita. Han sido poco más de 36 años de un caminar que ha dejado pocos logros concretos y que, lejos de llevarnos hacia una sociedad mas justa, nos ha traído de vuelta a un sistema autoritario, alejado de la realidad de las grandes mayorías.
El deterioro ha sido gradual. El caminar ha dejado un franco deterioro y cada cuatro años hemos notamos que vamos de mal en peor y que los únicos que se benefician son quienes integran el grupo político que accede al poder y las mafias que los rodean.
Dicen que un gobernante o Gobierno se convierte en dictador cuándo detenta todos los poderes y abusa de ellos, como es el caso del actual sistema imperante en nuestro país. En este momento, como nunca antes en estas tres décadas y media, se ha concentrado todo el poder en una poderosa amalgama que reúne a funcionarios, políticos, jueces, magistrados, militares, mafias, estructuras criminales y empresarios.
Esto es algo nunca visto, sobre todo, porque todo el poder acumulado se utiliza para limitar las libertades y derechos de la población.
Esta amalgama, que es en realidad una alianza que se ha formado en torno al oficialismo, ha logrado el control absoluto de las instituciones más importantes, como son el Congreso, la Corte de Constitucionalidad (CC), El Organismo Judicial –incluyendo la Corte Suprema de Justicia (CSJ)–, el Ministerio Público (MP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Con el fin de que haya un equilibrio de institucional, la Constitución de la República establece que debe haber independencia entre los poderes del Estado, cosa que no sucede; que la CC, el MP, la PDH y el TSE deben ser instituciones independientes y autónomas, algo que tampoco sucede. Eso explica claramente la disfuncionalidad democrática del Estado.
Esta alianza oficialista se ha convertido en algo macabro y perverso, puesto que está enfocando esa fuerza enorme que tiene hacia la represión social. Tenemos los casos de la persecución dirigida contra todos los operadores de justicia que pudieran estar a favor de la lucha contra la corrupción y en contra de la impunidad. No gusta para nada la independencia judicial, porque quiere fijar una única línea de aplicación de su justicia, entendiendo esta como una herramienta para detentar más poder, para favorecer la corrupción y mantener la impunidad.
Por eso vemos que se ha vuelto una cacería de brujas contra los que se oponen a los intereses de la alianza oficialista.
Lo mismo ha sucedido con los periodistas y medios. Aunque la alianza cuenta con el apoyo de los medios sumisos y sobalevas de Ángel González (canales 3, 7, 23, 11, 13 y radios), no gusta de la crítica de la prensa independiente y eso explica la represión que ha lanzado contra periodistas y medios.
El oficialismo trabaja en los siguientes pasos. Se prepara para reprimir cualquier movimiento social –pretende una ley que autoriza el uso de la fuerza de parte de la PNC y el Ejército contra manifestaciones y protestas–, mientras que se ha aprobado otra para controlar el ciberespacio y las redes sociales, además de atentar en la misma contra la libertad de expresión y la privacidad de las personas.
El otro frente que abordará el oficialismo es el electoral, en donde se anticipa un intento de reforma a la ley respectiva en el Congreso –de donde no puede salir nada bueno– y, seguramente una política de premio y castigo. Premio para los aliados y amigos; castigo para los opositores que tengan alguna posibilidad en las urnas.
No extraña que se diga y repita que cada vez nos parecemos más a estados como los de Nicaragua y Venezuela, en donde todo el poder está al servicio de la dictadura. Nos guste o no, se acepte o no, se crea o no… el sistema bajo el que nos encontramos es una dictadura embrionaria y, lo peor, es que no se escucha con fuerza la voz de los amantes de la democracia y la libertad, mientras que hay muchos incautos creyendo el discurso de un supuesto nacionalismo con principios y valores, cuando en realidad, estos son pisoteados a diario.