Aun bajo el potencial de múltiples amenazas naturales y con una sociedad en altas condiciones de vulnerabilidad, Guatemala sigue siendo incapaz de anticiparse con eficacia a las tragedias. Las políticas de Estado siguen brillando por su ausencia.
R. Mendoza, A. Alay
Crónica
El peligro en el territorio nacional es inminente. La posibilidad de evitar tragedias humanas por desastres naturales es casi nulo, por la ausencia de políticas de Estado.
El alud ocurrido en la colonia El Cambray II, en Santa Catarina Pinula, que preliminarmente ha dejado 171 fallecidos – la cifra aumenta cada día- y cientos de desaparecidos, solo ha venido a desnudar esa situación de desamparo en que viven miles de guatemaltecos.
Lo que pasó ahí puede volver a ocurrir en cualquier lugar. Solo en la ciudad capital existen 270 asentamientos ubicados en zonas con riesgo de deslaves. Pero el peligro abarca a todo el país.
Guatemala, debido a su posición geográfica, geológica y tectónica, está clasificada como uno de los países con un alto potencial de múltiples amenazas naturales. Por su situación social, económica, deterioro ambiental y de desarrollo genera altas condiciones de vulnerabilidad, lo que provoca que un gran porcentaje de la población, infraestructura y servicios estén expuestos a diferentes riesgos, que pueden desencadenarse en desastres, explica en su sitio web la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Sin política integral
No existe legislación que esté enfocada en mitigar y evitar las tragedias provocadas por los desastres naturales. Por ejemplo, no se cuenta con una ley de ordenamiento territorial y de aguas; tampoco existe obligación para que las autoridades atiendan las alertas emitidas por la Conred.
Jorge Mario González Set, expresidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala (CIG), asegura: Aunque tengamos estudios, estos no sirven de nada si no tenemos políticas para llevarlos a la práctica. Por ejemplo, el ordenamiento territorial es un problema vinculado a este tema, ya que se construye y se dan licencias en áreas que no son adecuadas. Y esto es porque no se tienen planes. También añade que a ello se suma la falta de voluntad política de los funcionarios públicos.
Gabriel Valle, director metropolitano de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), concuerda con el expresidente del CIG. Hay muchos profesionales y técnicos que saben cómo se deben hacer las cosas, pero la voluntad política no comprende ni permite desarrollar esto como debe de ser. Mientras las municipalidades no cuenten con un plan de ordenamiento territorial y no exista voluntad política para generar planes de prevención, políticas de vivienda, regulación de construcciones y ordenamiento territorial, no aprenderemos a vivir en un país de riesgo, precisa Valle.
Dada la dimensión del asunto, la ingeniera ambiental, Violeta Ramírez, considera que el problema no se enfrenta solo con el actuar de la Conred, ya que, aunque este sea eficaz y eficiente, se precisa de una articulación nacional de las diferentes instituciones, principalmente de las municipalidades y los diferentes ministerios de Gobierno, debido a que el asunto es de interés de Estado.
Si esto no sucede, poco podrá hacer la Conred frente a la dimensión del asunto, y no podrá superar con ventaja las principales barreras que enfrenta a la hora alertar a las comunidades e instituciones sobre amenazas inminentes, dice la experta.
Conred de acuerdo, a medias
Alejandro Maldonado, secretario ejecutivo de la Conred, comparte parcialmente lo aseverado por los expertos. Hay que ponerlo todo en la perspectiva correcta. El sistema que se emplea en Guatemala ha sido altamente efectivo en reducir la incidencia de desastres. Tal vez no se mira, porque lo que se previene, no es noticia. Las que cobran mayor interés son las catástrofes, como las que tenemos hoy en el Cambray II. Entre el Stan y Agatha, hubo una considerable disminución en el número de víctimas mortales, a pesar de que esta última fue mucho más intensa que la primera, lo cual muestra los avances en prevención, asegura Maldonado.
A pesar de lo anterior, el titular de la Conred acepta que las grandes debilidades siguen siendo las tremendas lagunas legales que existen y que afectan la capacidad de la nación para manejar temas de reducción de riesgos a desastres. La carencia de una ley de aguas o una ley de ordenamiento territorial, así como la discrecionalidad de las autoridades a tomar en cuenta o no las alertas de la Conred, especialmente a nivel municipal, que es el caso de El Cambray II, son algunas de las causas por las que ocurren desastres. La cultura es otro factor a tomar en cuenta, ya que la sociedad está acostumbrada a creer que nada va a pasar, lo cual lleva a las personas a insistir en vivir en zonas de alto riesgo.
Aunque tengamos estudios, estos no sirven de nada si no tenemos políticas para llevarlos a la práctica. La falta de ordenamiento territorial es un problema vinculado a este tema.
UNA TRAGEDIA ANUNCIADA
Lo ocurrido en El Cambray II fue una tragedia anunciada, y en ella se conjugan las faltas de políticas de Estado ya mencionadas. Así lo evidencian algunos hechos. A pesar de contar con instrumentos para la toma de decisiones y evitar el trágico desenlace (informes previos sobre el riesgo inminente al desastre en el lugar), ninguna autoridad, ni local ni nacional, actuó con determinación para ponerle fin a la amenaza.
Lo ocurrido en El Cambray II recordó lo que pasó en Panabaj, Sololá, también en octubre, solo que en el 2005, donde, a causa del embate de la tormenta Stan, murieron no menos de 100 guatemaltecos y centenares más fueron dados por desaparecidos tras un alud de un cerro cercano a la comunidad. El lugar fue declarado camposanto.
En marzo del 2012, un lento deslizamiento de tierra dañó aproximadamente 120 viviendas, ubicadas en la zona 1 de Mixco, en el área conocida como Cerro Alux. Las familias fueron evacuadas y la municipalidad de Mixco y el extinto Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) construyeron 300 albergues temporales en un terreno ubicado en Los Cipresales.
La mayoría de las personas desplazadas allí sigue viviendo aún bajo condiciones precarias. A pesar de esos y otros desastres naturales no se percibe algún aprendizaje institucional, menos aún un fortalecimiento del Estado para hacerle frente a dichas amenazas.
La falta de leyes de ordenamiento territorial y de vivienda, entre otras, provocan tragedias humanas como la de El Cambray II.