El bufete de abogados responsable de liderar la demanda del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un supuesto fraude de votos durante las elecciones presidenciales en el estado de Pensilvania se ha retirado de los procedimientos, según un documento judicial recogido por el ‘New York Times’.
La firma Porter Wright Morris & Arthur, «alcanzó un acuerdo con los demandantes, por el que se concluye que les prestará mejor servicio si se retira del caso», de acuerdo con el documento.
Tensiones internas
La retirada del bufete ocurre después de que una información precisamente del medio estadounidense revelara tensiones internas en la firma por su decisión de trabajar para la campaña de Trump en Pensilvania, estado clave en la victoria electoral de su rival demócrata, el presidente electo Joe Biden, al proporcionar 20 votos en el Colegio Electoral.
De acuerdo con el medio, algunos empleados del bufete lamentaron que se les estaba empleando para minar la integridad del proceso electoral desde meses antes de la celebración de los comicios, y uno de los abogados dimitió este verano en señal de protesta.
Honorarios
El bufete, con sede en Columbus, Ohio, había recibido al menos 727,000 dólares en concepto de honorarios de manos de la campaña de Trump y del Comité Nacional Republicano, y había presentado una demanda ante un tribunal, todavía pendiente, que alegaba «irregularidades» en la victoria de Biden.
Lea también:
La firma, no obstante, todavía debe pronunciarse sobre su participación en el resto de las numerosas demandas puntuales que la campaña de Trump ha presentado en el estado sobre diferentes aspectos de la votación.
El pasado miércoles, la firma emitió una declaración en la que negó acusaciones de partidismo y defendió su largo historial de trabajo en materia de ley electoral durante el cual ha representado a demócratas, republicanos e independientes por igual».
«A veces, esto nos exige que asumamos casos controvertidos», según el comunicado. «Esperamos las críticas en tales casos y reafirmamos el derecho de todas las personas a expresar su preocupación y su desacuerdo», concluyó el bufete.