- La fiscal general reconoce que está pensando en buscar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad.
- Solo podría hacerlo por medio de la corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Universidad de San Carlos (USAC), dos instituciones que han sido afines el MP
Mientras el gremio de abogados se debate en una elección marcada por la exclusión y las batallas legales, en los pasillos del Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial se ha confirmado una estrategia política evidente: la intención de Consuelo Porras Argueta de postularse para una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031.
Las dos vías de escape: CSJ y USAC
Ayer, cuando fue entrevistada en la votación del CANG, la fiscal general reconoció que está pensando en lanzar su candidatura, «porque se necesitan abogados probos y de trayectoria y li experiencia es de 40 años», dijo a la prensa, sin decir en que institución someterá su candidatura a las autoridades competentes.
Para la actual fiscal general, el camino hacia la máxima corte del país no pasa por el voto gremial ni por la designación del Ejecutivo. Según fuentes cercanas al proceso, Porras tiene la mirada puesta en las dos instituciones consideradas actualmente como «terreno aliado»:
- La Corte Suprema de Justicia (CSJ): Con una mayoría de magistrados que han mostrado afinidad con las directrices del MP, la CSJ es la vía más directa. Una designación desde este poder del Estado le otorgaría a Porras una salida decorosa del MP antes de que termine su mandato. solo requiere los votos de una mayoría de la CSJ,
- La Universidad de San Carlos (USAC): Bajo la actual administración del rector Walter Mazariegos, la USAC ha mantenido una alineación constante con el bloque de poder que respalda a la la fiscal generall. El Consejo Superior Universitario podría ser la plataforma de lanzamiento para su llegada a la CC. El MP no hizo nada para obligar al rector Walter Mazariegos a renovar los cargos del Consejo Superior, como lo ordenó hace un año la propia Corte Constitucional.
Poder e inmunidad: El objetivo estratégico
La llegada de Consuelo Porras a la CC no es un simple cambio de oficina. De lograrlo, obtendría dos beneficios inmediatos y vitales para su situación personal:
- Inmunidad renovada: Como magistrada de la CC, gozaría de un antejuicio casi inexpugnable, protegiéndola de las múltiples denuncias que enfrentará al dejar el cargo en el MP.
- Cuota de poder: Desde la magistratura, tendría la última palabra sobre la constitucionalidad de las leyes y los procesos judiciales, manteniendo un control remoto sobre el sistema de justicia.
La candidata más tachada de la historia
A pesar de sus alianzas locales, el perfil de Porras llegaría a la CC con un lastre internacional sin precedentes. Ha sido señalada formalmente como una funcionaria corrupta y antidemocrática por las principales democracias de Occidente:
- Estados Unidos: Incluida en la Lista Engel, sancionada por socavar procesos democráticos y obstruir investigaciones de corrupción.
- Unión Europea, Canadá y Gran Bretaña: También han impuesto sanciones personales en su contra, prohibiéndole la entrada a sus territorios y congelando posibles activos.
De concretarse su nombramiento, Guatemala tendría en su máximo tribunal a una magistrada que no puede viajar a las principales capitales del mundo y cuya firma carecería de legitimidad ante la comunidad internacional. Sería, por mucho, la magistrada con más tachas y sanciones en la historia del país.
El panorama de las designaciones
Mientras la CSJ y la USAC definen sus cartas, el resto del tablero se mueve así:
- CANG: Realiza hoy su primera vuelta en medio de impugnaciones por la exclusión de profesionales afines.
- Ejecutivo y Congreso: Ambas instituciones también deberán nombrar a sus representantes en las próximas semanas, en un ambiente de alta polarización. Se esperan las convocatorias.
¿Qué sigue? La postulación de Porras será el termómetro definitivo para medir el nivel de cooptación de la CSJ y la USAC. Una designación de este tipo no solo evidenciaría la cooptación del sistema de justica y las instituciones clave, sino que terminaría de sepultar la confianza ciudadana en la independencia de la Justicia.