«¡Por favor, tomen su distancia!», suplica un joven en Rayuela, un bar bohemio en el centro de Ciudad de Guatemala convertido en comedor para cientos de personas pobres afectadas por las medidas restrictivas impuestas para contener la propagación del nuevo coronavirus.
Es hora de almuerzo y la multitud acata la petición de distanciamiento por las medidas de higiene y se dispersa un tanto. En poco tiempo, el comedor temporal pasó de atender a una treintena de comensales a superar los 600 platos diarios gratis, gracias a donaciones.
«La situación está bastante mal porque yo salía a vender y ahora no puedo. No tengo recursos y para mí es una gran bendición esto», comenta Juana Chávez, una anciana de 75 años que vendía productos lácteos y de limpieza, tras recibir un plato de comida y un vaso con refresco.
La mayoría en la fila son vendedores informales del centro histórico capitalino que han visto caer sus ventas, pero también personas despedidas de negocios que han empezado a quebrar por la falta de clientes, dice Byron Vásquez, propietario del bar.
«Ya hay aquí gente que me dice que la despidieron la semana pasada y no tienen dinero y están viniendo a comer. Gente que de repente trabajaba en empresas, restaurantes que están cerrados y ya están afectados», explica Vásquez frente al bar, a pocos metros de la Casa Presidencial y el Palacio Nacional.
Un café pendiente
Vásquez señala que el comedor surgió por una iniciativa del bar en el que sus clientes dejaban pagado uno o varios cafés por anticipado, práctica conocida como «Café Pendiente», para financiar alimentos para personas de escasos recursos.
Al emitirse las restricciones para frenar la pandemia, el bar, con ayuda de voluntarios y donaciones, transformó la iniciativa del Café Pendiente para crear el comedor, y utiliza locales vecinos como cocina y despensa.
Rayuela, de momento, se limita a realizar ventas a domicilio y su mayor esfuerzo está en el comedor, que seguirá «hasta donde se pueda», asegura Vásquez.
Desde marzo, Guatemala se encuentra sin transporte público y bajo un toque de queda parcial, como parte de las disposiciones para contener la COVID-19, que deja hasta el momento más de 342 contagios confirmados, entre ellos 10 fallecidos.
El impacto de las medidas ha sido devastador para la economía local.
Para atender la crisis, el gobierno reparte alimentos donados por empresas privadas y entregará un bono mensual de 130 dólares durante tres meses a más de dos millones de familias, además de planes de reactivacion para pequeñas empresas.
«A mí me está afectando (la paralización) porque no tengo un sueldo fijo», lamenta Hilda Juárez, una madre soltera de 35 años que vende caramelos en las calles y que apenas recaudó el equivalente a dos dólares en el día.
La mujer, que empuja un carrito con su pequeña hija de dos años, señala que el comedor es un alivio ante el calvario que viven.
Llamado al gobierno
«Estamos muy escasos de alimentos y por eso venimos a estos lugares», añade Jorge Rivera, de 50 años, un policía privado que laboraba en un restaurante de comida china, y que aguarda su turno en la extensa fila.
En un reciente pronunciamiento por la crisis, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, reclamó al presidente Alejandro Giammattei la apertura de comedores populares en barrios marginales y comunidades remotas, así como entregar asistencia humanitaria.
Según datos oficiales, la pobreza alcanza al 59,.3% de los 15 millones de guatemaltecos, cifra que se dispara en las comunidades indígenas.