El presidente Martín Vizcarra agradeció el sábado el masivo respaldo del pueblo peruano, luego de que el primer sondeo tras la disolución del Congreso revelara que nueve de cada diez ciudadanos apoya esta enérgica decisión.
«Gracias por el respaldo que me han dado para tomar las decisiones más importantes», declaró Vizcarra en un acto de entrega de títulos de casas a familias en la ciudad norteña de Trujillo, donde una multitud lo aclamaba gritando «sí se pudo».
«Tomamos una decisión drástica, importante, pero la marcha de todas las instituciones continuó con normalidad», agregó, cinco días después de disolver el Congreso dominado por la obstruccionista oposición fujimorista y convocar a nuevos comicios legislativos para enero.
Apoyo de Vargas Llosa
Otro importante respaldo consiguió Vizcarra el viernes, cuando el escritor y premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa afirmó que «ha hecho muy bien» al disolver el Congreso.
«Ha hecho muy bien el presidente del Perú, Martín Vizcarra, disolviendo el Congreso y convocando nuevas elecciones para el próximo 26 de enero», escribió Vargas Llosa, según el extracto de una columna para la edición dominical del diario limeño La República.
«Y han hecho muy, pero muy bien, las Fuerzas Armadas y la Policía peruana reconociendo la autoridad del jefe de Estado», agregó el escritor de 83 años.
El Nobel de Literatura 2010, quien reside en España, descartó que la disolución fuese un «golpe de Estado» y calificó al cesado Congreso como un «circo grotesco de forajidos y semianalfabetos».
Vizcarra disolvió el Congreso el lunes invocando sus facultades constitucionales con el fin de acabar con los recurrentes choques de poderes y obstrucciones de la mayoría fujimorista, criticada además por amparar a connotados funcionarios y magistrados investigados por corrupción.
El Congreso denunció el «golpe de Estado» y en una cuestionada sesión después de ser disuelto, juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como «presidenta encargada», pero ella renunció al día siguiente.
87% desaprueba a vicepresidenta
Según el sondeo de la firma CPI divulgado este sábado, el 89,5% de los peruanos apoya la disolución del Congreso.
Solo el 9,3% se opone, de acuerdo al estudio de CPI por encargo del diario y radio Exitosa, en el que apenas el 1,2% respondió que no sabe o no contestó.
El 89,1% afirma que Vizcarra es un «presidente legítimo» mientras el 87% desaprueba a la vicepresidenta Aráoz por haber asumido la presidencia por encargo de un Congreso disuelto.
Asimismo, el 85,1% respalda el «desempeño público» de Vizcarra, un provinciano casi desconocido cuando asumió el poder en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuzcynski.
Además, el 93,4% rechaza el papel del Congreso, cuyo jefe, el opositor Pedro Olaechea, cosecha la desaprobación del 81,7% de los peruanos.
«Me da fuerzas para seguir»
«Me da fuerzas para seguir trabajando el apoyo masivo de la población», dijo Vizcarra, quien reanudó el viernes sus giras de trabajo por las provincias, a las que viaja desde que asumió unas dos veces por semana.
«Ha habido alegría, algarabía, pero en ningún momento se ha perdido el orden y la tranquilidad», destacó el mandatario en el acto en Trujillo.
Al conocerse la disolución del parlamento se desataron coloridas y bulliciosas marchas en respaldo a Vizcarra la noche del lunes en Lima y otras ciudades, pero nadie salió a las calles a apoyar al Congreso.
Los líderes del Congreso, que rechazaron la semana pasada la propuesta de Vizcarra de adelantar las elecciones presidenciales y legislativas para abril de 2020, ahora le piden que renuncie para anticipar los comicios generales.
Tal posibilidad, sin embargo, parece improbable ahora que el mandatario se afianzó en el poder.
En los comicios legislativos del 26 de enero no pueden postularse los parlamentarios cesados, pues la reelección fue eliminada por una enmienda constitucional en 2018.
Vizcarra ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir dádivas de la constructora brasileña Odebrecht.
El presidente quedó habilitado constitucionalmente para disolver el parlamento luego de que éste le negó un voto de confianza ligado a una reforma al sistema de designación de magistrados del Tribunal Constitucional.