Estados Unidos puso este lunes punto final al Estatuto de Protección Temporaria (TPS, en inglés) para unos 200.000 salvadoreños, que tienen hora 18 meses para hallar otra forma de regularizar su situación o irse del país.
El TPS para los salvadoreños había sido adoptado por Estados Unidos después del terremoto de 2001, pero la decisión de la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, considera que están dadas las condiciones para que El Salvador reciba de vuelta a estas personas.
El Salvador respondió de manera tímida, enfocándose menos en la amenaza de deportación y más en la prórroga de 18 meses. En una nota, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén agradeció a Estados Unidos por «este anuncio, el cual reafirma los fuertes lazos de amistad y de cooperación que mantienen como socios históricos».
«Basada en una cuidadosa consideración de la información disponible (…) la Secretaria de Seguridad Interna determinó que las condiciones originales causada por el terremoto de 2001 ya no existen», dijo un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés).
Por ello, añadió, «la actual designación de TPS (para los salvadoreños) debe ser extinta».
La misma fuente apuntó que para «garantizar una transición ordenada» las autoridades determinaron un plazo hasta el 9 de septiembre del próximo año.
Ese período «proporcionará a individuos con TPS tiempo para arreglar detalles para su partida o para buscar otro estatus migratorio legal en Estados Unidos caso sean elegibles».
– Escenario de incertidumbre –
Esto abre un escenario de enorme incertidumbre para decenas de miles familias de salvadoreños que eran beneficiarias del TPS y tuvieron hijos en Estados Unidos, de forma que estos últimos son ciudadanos estadounidenses.
Cristian Chávez, un salvadoreño con beneficio del TPS dijo este lunes en un contacto con periodistas que durante 17 años pagó sus impuestos y construyó «sueños para el futuro de mi familia (…) y esos sueños terminaron hoy».
«No lo entiendo. El presidente Trump dijo que era contra los inmigrantes ilegales. Pero nosotros no somos ilegales, estamos aquí legalmente», alegó.
Chávez es casado con una salvadoreña que posee residencia legal en Estados Unidos y ambos tienen un hijo que ya es ciudadano estadounidense. «Espero que no llegue el día en que deba decirles que me tengo que ir», comentó.
Ahora, la situación queda en manos del Congreso estadounidense (controlado por el partido Republicano de Trump), que en ese plazo de 18 meses podría definir una fórmula para que personas resuelvan la situación.
La decisión de no renovar los beneficios del programa TPS representa un guiño a los sectores del gobierno que exigen ‘mano dura’ contra la inmigración ilegal.
El TPS, desde su concepción, tuvo un carácter de protección a personas en situación de emergencia humanitaria, pero sectores del gobierno afirman que es apenas una fisura en la legislación que permite la inmigración en masa.
– «Cruel y sin corazón» –
Al conocerse la determinación del fin del TPS para los salvadoreños el presidente del Comité Nacional Partido Demócrata, Tom Perez, señaló que se trata de «una decisión cruel y sin corazón de parte de un presidente cruel y sin corazón».
Por su parte, el senador demócrata Tim Kaine apuntó en un comunicado que «nuestro país siempre ha recibido y protegido personas que precisan de refugio, pero en un año hemos visto al gobierno de Trump pisotear estos valores al demonizar inmigrantes y refugiados».
En un comunicado, los responsables del Centro Legal TODEC, en California, apuntaron que se sentían «horrorizados no sorprendidos por la acción del gobierno. La ausencia del Congreso en ese asunto afecta familias que tienen raíces en nuestro país».
A su vez, el centro de reflexión Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG, de Washington) señaló que la decisión de este lunes «refuerza el programa xenófobo del gobierno, que arroja familias e individuos a la oscuridad del miedo».
En tanto, la Alianza Nacional por el TPS señaló que el Congreso «es cómplice» de esta situación «por su fracaso en definir una ley que permita residencia permanente a los beneficiarios» de la protección temporaria.
Ya el 7 de noviembre pasado el DHS decidió no renovar el TPS para unos 5.300 ciudadanos nicaragüenses, protegidos en Estados Unidos desde que el huracán Mitch arrasó su país en octubre de 1998.
Poco después, el 20 de noviembre el DHS hizo lo mismo con la protección para unos 59.00 haitianos, en su mayoría sobrevivientes del terremoto de 2010.