Estados Unidos endureció este miércoles su postura frente a lo que llama “la troika de la tiranía” al anunciar que permitirá demandas contra firmas extranjeras presentes en Cuba, limitando las remesas y viajes hacia la isla y decretando nuevas sanciones para Venezuela y Nicaragua.
El gobierno de Donald Trump aumentó la presión contra Cuba, pese a las advertencias de sus socios europeos, dando un portazo a la flexibilización de su predecesor Barack Obama, quien consideró que la estrategia impulsada durante medio siglo por Washington no había dado resultados.
“Cuando Venezuela sea libre, y Cuba sea libre y Nicaragua sea libre, entonces este va a ser el primer hemisferio libre de toda la historia de la humanidad”, dijo Trump.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que el 2 de mayo entrará en vigor una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, terminando con una exención de dos décadas.
“Estamos del lado de los patriotas amantes de la libertad de la región”, dijo Bolton a veteranos de la fallida invasión a Bahía de Cochinos en 1961.
Poco después desde Miami, en un encuentro con exiliados cubanos, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció “cambios regulatorios para restringir los viajes no familiares” a la isla y limitar las remesas.
No existen cifras oficiales, pero se estima que las remesas son la segunda fuente de ingresos de la isla, tras la exportación de servicios médicos. Según el Havana Consulting Group, el 70 por ciento de los cubanos reciben remesas.
“Este es un enfoque muy correcto, muy coherente, porque ha enfocado el tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua como un único tema, que es la desestabilización de la región”, dijo a AFP Jorge Luis García Pérez, un disidente cubano conocido como Antúnez.
“La remesa es una fuente que utiliza la dictadura para su sostenimiento”, indicó.
La UE y Canadá a la OMC
Cuba rechazó el anuncio de la entrada en vigor del título III de la Ley Helms-Burton, la norma que permite iniciar acciones en los tribunales estadounidenses contra empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados durante la revolución de 1959.
Su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, repudió “enérgicamente” la decisión y dijo que “es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados”. En un comunicado, La Habana también llamó a la comunidad internacional a detener la «hostilidad» de Trump hacia la isla.
La Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017, y Canadá manifestaron su disgusto en una declaración conjunta, y prometieron “proteger los intereses” de sus empresas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
México también dijo que velará por los intereses de las compañías mexicanas en la isla.
Cuba, que sufre un embargo estadounidense desde 1962, es acusada por Washington de apoyar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, cuyo segundo mandato es desconocido por Estados Unidos, que apoya al líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela.
Estados Unidos encabeza la presión internacional para sacar a Maduro del poder y ha aplicado sanciones financieras y petroleras contra la maltrecha economía venezolana. En ese marco, ha penalizado también a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.
Este miércoles, Bolton indicó que Washington prohibirá las transacciones estadounidenses con el Banco Central de Venezuela, así como las de su directora, Iliana Ruzza Terán.
En un discurso, Maduro calificó estas medidas de “ilegales e inmorales” y aseguró que el BCV se defenderá con la ley en la mano.
El vínculo entre Cuba y Washington se deterioró aún más desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien ya había anunciado antes acciones directas contra lo que denominó la “troika de la tiranía”: Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El Departamento del Tesoro anunció también sanciones contra Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta Rosario Murillo.
Sin exenciones
La subsecretaria del departamento de Estado para el Hemisferio Occidental estadounidense, Kimberly Breier, aclaró que no habrá exenciones y precisó que los únicos negocios que se verán afectados por la entrada en vigor de la norma serán los que operan en propiedades confiscadas a cubanos que han emigrado a Estados Unidos.
El político demócrata Bob Menéndez, el miembro de más alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado celebró la medida, y su par republicano Marco Rubio, hijo de cubanos, destacó “el compromiso de la administración Trump con la democracia en Latinoamérica”.
Cuando la ley fue adoptada hace más de dos décadas, el Departamento de Estado estimó que existían unas 200 mil demandas potenciales. Pero hasta el momento, los gobernantes estadounidenses postergaron la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con sus aliados.
La ley activada por Washington, que lleva el nombre del senador de extrema derecha Jesse Helms y del congresista Dan Burton, fue aprobada después de que Cuba derribara dos aviones fletados por activistas cubanos exiliados, lo que puso fin a los intentos del entonces presidente Bill Clinton para reconstruir los vínculos entre ambos países.