El gobierno de Donald Trump anunció este lunes que penalizará a los inmigrantes que se beneficien de ayudas sociales, negando la residencia definitiva o la ciudadanía a extranjeros que reciban subsidios en Estados Unidos.
Esta nueva reglamentación va a afectar los procesos para recibir la nacionalidad de millones de inmigrantes, la mayoría de origen latino, que trabajan en empleos mal pagados y que dependen de ayudas sociales para vivir.
«Una vez que esta norma sea implementada y sea efectiva a partir del 15 de octubre los funcionarios migratorios van a considerar que si un extranjero recibió o recibe algunas de las ayudas señaladas esto va a ser considerado como un factor negativo al examinar su caso», dijo en una rueda de prensa Ken Cuccinelli, director interino de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración en la Casa Blanca.
Al anunciar una redefinición de la ley de «carga pública», la Casa Blanca estipuló que se impedirá la entrada a migrantes en base a la probabilidad de que necesiten ayudas sociales.
Entre las ayudas designadas están los subsidios para vivienda, el seguro de salud público Medicaid y los bonos para comprar alimentos.
«Esta acción va a ayudar a asegurar que si un extranjero entra o permanece en Estados Unidos deba mantenerse a sí mismo y no depender de ayudas sociales», señala la Casa Blanca en un comunicado.
Para el gobierno estadounidense, el presidente «Trump está reforzando una ley ya existente para evitar que los extranjeros dependan de los programas de ayudas sociales».
El gobierno de Trump defiende una línea dura contra la inmigración irregular y uno de los ejes de su mandato ha sido el proyecto de construir un muro en la frontera con México, una iniciativa que lo llevó a una dura pugna con el Congreso.
«Una gran cantidad de personas que no son ciudadanas y sus familias se aprovechan de un sistema de ayudas generoso, con recursos limitados que de otra forma podrían ir hacia estadounidenses vulnerables», destaca el comunicado.
El daño se sentirá durante décadas
La ONG dedicada a proteger migrantes Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC) anunció que denunciará en los tribunales la nueva norma.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva de la asociación, estimó que el daño de esta política «se sentirá durante décadas».
«Esto va a tener un impacto humanitario directo forzando a algunas familias a recurrir a ahorros vitales para cubrir necesidades de salud y de nutrición», estimó Hincapié.
En Estados Unidos hay cerca de 22 millones de extranjeros que residen legalmente en el país y según el Centro de Investigación Pew 10 millones de personas lo hacen irregularmente.
Para Joshua Hoyt, director ejecutivo de National Partnership for New Americans (Asociación Nacional para los Nuevos Americano, NPNA) esta nueva regla es «cruel y discriminatoria».
«Durante toda la historia de Estados Unidos, algunos inmigrantes han sido explotados efectuando trabajos por los que se rompen la espalda por un salario muy bajo. Ahora el gobierno de Trump los va a penalizar por ser pobres», dijo.