¿Estamos en camino… o ya bajo la dictadura? Esa pregunta la debe responder cada quién, pero lo cierto es que Guatemala reúne las condiciones para que se pueda decir que hemos alcanzado los extremos que identifican a una dictadura, sin importar la tendencia ideológica de esta.
El siglo XX se caracterizó por las dictaduras militares en la mayor parte de países latinoamericanos. El resultado es que llegamos al llamado retorno de la democracia con estados subdesarrollados, pueblos en condiciones socioeconómicas complicadas y una gran debilidad institucional que impide la construcción de sistemas políticos funcionales, en gran medida, por la voracidad y corrupción de la llamada clase política.
Guatemala no es la excepción. Tuvimos gobiernos militares durante gran parte del siglo pasado –con todas sus secuelas–, pero al volver a la democracia hemos sido incapaces de construir un sistema político que sea funcional y produzca los resultados que el pueblo necesita. Han sido 36 años de un caminar que ha dejado pocos logros concretos y que, lejos de llevarnos hacia una sociedad más justa, nos ha traído de vuelta a un sistema autoritario, alejado de la realidad de las grandes mayorías.
El deterioro ha sido gradual. El caminar ha dejado un franco deterioro y cada cuatro años hemos notamos que vamos de peor en peor y que los únicos que se benefician son quienes integran el grupo político que accede al poder y las mafias que los rodean.
Dicen que un gobernante o Gobierno se convierte en dictador cuando detenta todos los poderes y abusa de ellos, como es el caso del actual sistema imperante en nuestro país. En este momento, como nunca antes en estas tres décadas y media, se ha concentrado todo el poder en una poderosa amalgama que reúne a funcionarios, políticos, jueces, magistrados, militares, mafias, estructuras criminales y empresarios. Esto es algo nunca visto, sobre todo, porque todo el poder acumulado se utiliza para limitar las libertades y derechos de la población.
Esta amalgama, que es en realidad una alianza que se ha formado en torno al oficialismo, ha logrado el control absoluto de las instituciones más importantes, como son el Congreso, la Corte de Constitucionalidad (CC), El Organismo Judicial –incluyendo la Corte Suprema de Justicia (CSJ)–, el Ministerio Público (MP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Con el fin de que haya un equilibrio de institucional, la Constitución de la República establece que debe haber independencia entre los poderes del Estado, cosa que no sucede; que la CC, el MP, la PDH y el TSE deben ser instituciones independientes y autónomas, algo que tampoco sucede. Eso explica con claridad la disfuncionalidad democrática del Estado en este momento.
Esta alianza oficialista se ha convertido en algo macabro y perverso, puesto que enfoca esa fuerza enorme que tiene ala represión social. Tenemos los casos de la persecución dirigida contra todos los operadores de justicia que pudieran estar a favor de la lucha contra la corrupción, en contra de la impunidad y quieran actuar con independencia. Es decir, que se ha vuelto una cacería de brujas contra los que se oponen a los intereses de la alianza.
Lo mismo ha sucedido con los periodistas y medios. Aunque la alianza cuenta con el apoyo de los medios sumisos de Ángel González (canales 3, 7, 23, 11, 13 y radios), no gusta de la crítica y eso explica la represión que ha lanzado contra la prensa independiente.
También se observa que el oficialismo trabaja en los siguientes pasos: se prepara para reprimir el movimiento social –incluso pretende una ley que autoriza el uso de la fuerza de parte de la PNC y el Ejército en manifestaciones y protestas–, así como a los aspirantes a candidaturas en las próximas elecciones que traigan una voz disonante.
Nos guste o no, se acepte o no, se crea o no… el sistema bajo el que nos encontramos es una dictadura, y lo peor es que los demócratas auténticos hacen poco… hasta ahora.