Ecuador alcanzó un acuerdo para detener su peor crisis en décadas y desde este lunes enfrenta la tarea de reparar los daños que dejaron doce días de furia en Quito contra medidas de austeridad: millonarias pérdidas, siete muertos y centenares de heridos y detenidos.
La capital fue escenario de violentas protestas, que deberán finalizar según un compromiso alcanzado el domingo por la noche entre el gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena que lideró las manifestaciones. La negociación fue cara a cara, con mediación de la ONU y la Iglesia católica.
La situación generada por la radical protesta indígena generó «una fractura que va a ser muy difícil de recuperar», dijo a la AFP Pablo Romero, experto indigenista de la universidad Salesiana, aduciendo que incluso alimentó «el racismo» en un país donde los aborígenes representan un 25% de los 17,3 millones de habitantes.
El Ejecutivo aceptó el pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) para desmovilizar a miles de sus miembros que llegaron a la capital: derogar el decreto presidencial 883 que eliminó subsidios a combustibles, y que había sido pactado con el FMI.
Esa medida, con la que el Estado iba a ahorrar 1,300 millones de dólares al año, generó el 3 de octubre alzas de hasta 123% en los precios del diésel y la gasolina, los más utilizados en el petrolero Ecuador, que afronta serios problemas financieros.
Moreno aclaró por Twitter que se «sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan».
Los aborígenes, que participaron en los derrocamientos de tres mandatarios entre 1997 y 2005, obtuvieron una «simbólica» victoria con sus manifestaciones la semana pasada, estimó Romero.
Inicialmente las manifestaciones estuvieron a cargo de estudiantes y trabajadores, por lo que el mandatario ya había decretado el estado de excepción el día que entraron en vigencia los incrementos.
Pero también se perdió mucho. «El gobierno, porque se logró ver todas sus debilidades; la Conaie, por la división interna en su cúpula; y el país, por todo lo que significó esta protesta, en particular en Quito, porque nos toca rearmar nuevamente la ciudad», dijo Romero.
Compromisos con el FMI
Los alrededores de la casa presidencial, que desde hace una semana está desocupada cuando Moreno trasladó la sede de gobierno a Guayaquil (suroeste) por las manifestaciones, fueron campos de duras batallas donde se sembró la destrucción. También las inmediaciones de la Asamblea Nacional.
Ni el estado de excepción por 30 días pudo frenar a los manifestantes, que ocuparon por un momento el hemiciclo del resguardado Congreso, incendiaron el edificio de la Contraloría y atacaron medios de comunicación.
Tras celebrar el domingo por las calles de Quito, algunas aún con barricadas humeantes, los nativos empezaron a regresar a sus comunidades del interior en medio del toque de queda y militarización impuesto el sábado para la capital.
Casi dos semanas duró la eliminación de subsidios a combustibles -aplicados desde hace 40 años- pactados por Ecuador con el FMI para acceder a créditos por 4.200 millones de dólares para aliviar el pesado déficit fiscal.
El nuevo decreto sobre subsidios, que es negociado entre el Ejecutivo y la Conaie, significará que el «ahorro no será tan grande como el que se esperaba» en el marco de ajustes para tratar de evitar un déficit de unos 5.600 millones de dólares en 2019, señaló a la AFP el analista económico Alberto Acosta Burneo.
Sectores sociales también se oponen a reformas laborales como recortes de derechos a los empleados públicos con la disminución del tiempo de vacaciones (de 30 a 15 días) y el aporte de un día del salario mensual para el arca estatal.
«Ecuador tiene que cumplir los compromisos con el FMI porque nadie le va a prestar si es que quiere seguir gastando y quiere seguir viviendo de la deuda, que fue la estrategia que se aplicó desde 2014», añadió Acosta Burneo, de la consultora Grupo Spurrier.
Las protestas, que incluyeron también incursiones en instalaciones petroleras en la Amazonia, derivaron en una caída de la producción y la suspensión del bombeo por el ducto estatal, con capacidad para evacuar hasta el Pacífico un 68% de los 531.000 barriles diarios que se extraían.
Moreno acusa a su antecesor y exaliado Rafael Correa (2007-2017) y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de estar tras la violencia. Ambos líderes se han burlado de estos señalamientos.
Los indígenas son el sector más castigado por la pobreza. Con el alza de combustibles, debían pagar más para transportar sus productos del campo, al tiempo que temían una inflación generalizada.