Por: Carlos Raúl Kestler
La mañana de este lunes, los diputados Sonia Gutiérrez y Aldo Dávila, de la bancada Winaq, presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del presidente Alejandro Giammattei para que este remueva de su cargo a Luis Eduardo Mendoza, viceministro de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Alimentación (MAGA).
De acuerdo con los legisladores, Mendoza Soto no puede ejercer su puesto por ser contratista del Estado.
Según con el portal de Guatecompras, el viceministro del MAGA es representante legal de la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala que, en 2011, misma que cobró mil quetzales por la asistencia a una capacitación organizada por la Escuela Nacional Central de Agricultura.
“A nuestro parecer, y según el análisis y los documentos que obran en nuestra bancada, hemos encontrado que sí es un nombramiento que es ilegal. […] Hay un conflicto de intereses que a nuestro parecer no reúne las calidades”, afirmó Gutiérrez.
Sin embargo, según el inciso J del artículo 80 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, los funcionarios no pueden celebrar contratos con el Estado únicamente “durante el ejercicio del cargo”.
Mendoza Soto asumió como viceministro el 17 de enero de 2020. Es ingeniero agrónomo por la Universidad del Valle de Guatemala (UVG). Ha laborado como catedrático universitario y en Asociación Nacional de Productores Bajo Ambientes Controlados de Guatemala (ANAPI).
Ángel Alonso, vocero del MAGA, indicó que no puede tomar una postura porque el ministerio no ha sido notificado sobre el amparo. “No conocemos el contenido de la acción legal, entonces no podemos comentar”, dijo.
Otro viceministro contratista
No es la primera vez que uno de los viceministros del gabinete de Giammattei enfrenta problemas legales por firmar contratos públicos. El pasado 20 de abril, Rodolfo Galdámez fue destituido como viceministro técnico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, luego de que el medio Plaza Pública revelara que también era contratista del Estado.
Entre el 15 de enero y el 18 de abril de 2020, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) le pagó a Galdámez un total de 218mil 690 quetzales, a través de su empresa individual Centro de Diagnóstico Bethel.