Los diputados que conforman la Comisión Específica de Protección a la Ciudadanía, misma que fue creada por el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, decidieron archivar el proyecto de ley que buscaba dar amnistía a más de 3 mil privados de libertad, por considerar que éstos se encuentran en estado vulnerable, ya que pueden ser un foco de contagio de Covid-19 ante el hacinamiento en las cárceles del país.
Para el diputado Armando Castillo, presidente de la sala de trabajo del Legislativo, aseguró que no es necesario, por el momento, de emitir una ley específica para esto, debido a que el Organismo Judicial (OJ) se comprometió a agilizar los procedimientos para liberar a los reos que se vean amenazados por el virus.
“Se quedó en manos de ellos (OJ) ya que el magistrado Josué Baquiax manifestó que no se necesita otra ley”, explicó Castillo, y agregó que dependerá de ellos operativizar las leyes.
El pasado 29 de abril, durante una reunión en el Congreso de la República, el magistrado Baquiax, presidente de la Cámara Penal, explicó que, en cuanto a las personas privadas de libertada en prisión preventivamente, “hay que recordar que con la aplicación de una medida sustitutiva no se les está dejando libre, pues en su momento oportuno se discutirá si es culpable o no durante la sentencia. Mientras que los condenados, tienen derecho a solicitar la libertad anticipada, de conformidad con los presupuestos contenidos en la Ley del Régimen Penitenciario”, indicó el togado.
Esta semana, varios reos implicados en casos de corrupción solicitaron arresto domiciliario bajo el argumento que se están viendo vulnerables frente a la pandemia de COVID-19.
Los diputados inicialmente buscaban que el indulto se aplicaría a población vulnerable, entre ellos: personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, quienes tengan delitos menores y privados que se encuentren con enfermedades terminales. Según el Congreso, hay 3 mil 500 privados de libertad que corren el riesgo de contagio de coronavirus.