- Aunque la elección estaba en la agenda para este jueves, la CC emite resolución que obliga al Congreso a elegir a los magistrados a la Corte de Constitucionalidad.
- Sube tono de oposición ante posible reelección de Roberto Molina Barreto, calificado como funcionario «no ético» por el presidente Arévalo.
Redacción Crónica
El Palacio Legislativo amanece hoy bajo presión social y política. Tras el caos y el repliegue de la sesión anterior, el Congreso de la República está convocado hoy a las 10:00 horas para la elección de su magistrados ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en medio de una batalla entre fuerzas que propugnan por la independencia de la justicia y las que desean continuar con el control que favorece la corrupción y tendencias antidemocráticas.
Sin embargo, esta vez los diputados no llegan por voluntad política, sino bajo la presión de un amparo emitido por la propia CC, que les ordena cumplir con su mandato constitucional de elegir sin más dilaciones.
En el centro de este huracán político se encuentra una sola figura: Roberto Molina Barreto. El magistrado, que busca una reelección que hace 48 horas parecía segura, ahora se encuentra en una posición de vulnerabilidad inédita.
En una reñida contienda entre las dos corrientes, las fuerzas calificadas como «antidemocráticas» cuentan con dos victorias (votos) entre las cinco elecciones que se deben realizar: Los magistrados seleccionados por la USAC y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), responden a esta corriente, mientras que por el lado de los que desean terminar con la cooptación de la justicia está únicamente la magistra electa por el Colegio de Abogados y Notarios.
Esto significa en otras palabras que, con el magistrado que debe nombrar el Ejecutivo se equlibran las fuerzas y el que pueda inclinar hacia uno u otro lado la balanza será quuien designe el Congreso.
El «Juez y Parte» que decidió inhibirse
En un movimiento que busca salvar la poca legitimidad que le queda al proceso, Molina Barreto se vio obligado a inhibirse de conocer las acciones legales relacionadas con su propia elección. Esta decisión, aunque técnica, es un reconocimiento implícito del conflicto de interés que denunciaban diversos sectores sociales.
A pesar de este paso al costado en lo jurisdiccional, su maquinaria política en el Congreso sigue intacta. Las bancadas Vamos, Unionistas, Valor y la UNE mantienen su intención de voto, aunque ahora lo hacen con mayor sigilo tras el «desmentido» de la Embajada de EE. UU. sobre su supuesto respaldo.
El clamor de la calle: «Honorables, no cuestionados»
Mientras los diputados se preparan para marcar su asistencia, diversos grupos de la sociedad civil, organizaciones indígenas y colectivos urbanos han convocado a una manifestación masiva frente al Congreso. La consigna es clara y directa: No a la reelección de Molina Barreto.
Los manifestantes exigen que el Congreso no se limite a cumplir con el amparo de la CC como un mero trámite administrativo, sino que aproveche la oportunidad para elegir a candidatos honorables, independientes y no cuestionados. Para estos grupos, la figura de Barreto representa el rostro del «continuismo antidemocrático» que ha capturado las instituciones judiciales del país.
El escenario previsto para hoy
¿Qué podemos esperar de la sesión de este jueves? Los analistas visualizan tres escenarios posibles:
- La imposición del bloque: Que las bancadas tradicionales, ignorando la protesta exterior y el costo político, logren los 81 votos para Molina Barreto, apelando a que «están cumpliendo con la orden de la CC».
- El surgimiento de una «Tercera Vía»: Que ante el desgaste de Barreto, surja un candidato de consenso menos «radioactivo» que permita a los diputados cumplir con el amparo sin encender más las calles.
- Nueva ruptura del quórum: Que la presión de los manifestantes y la falta de acuerdos internos vuelvan a disolver la sesión, poniendo al Congreso en desacato directo con la resolución de la CC.
La CC bajo la lupa
La resolución de la propia CC, ordenando al Congreso elegir, ha sido vista por algunos como un acto de defensa institucional y por otros como una medida desesperada para asegurar la permanencia de sus actuales integrantes. Lo cierto es que hoy, el Legislativo no tiene margen de maniobra. La moneda está en el aire, y el impacto de su caída determinará si la máxima corte del país recupera su papel de árbitro imparcial o si se consolida como el búnker de un sector político en retirada.