Renzo Lautaro Rosal
La bancada del oficialista FCN-Nación ha demostrado que el supuesto de su ambicioso crecimiento cuantitativo de integrantes no ha servido de nada, más que señalamientos a granel. Aunque varios micropartidos han querido salir a la postre como los salvadores o buenos relevos, la creación de esa correlación aún no se observa. Por el contrario, el pulso lo sigue ganando la UNE —como partido— y Mario Taracena —como articulador, más que un simple operador—.
A pesar de los constantes cuestionamientos sobre los diputados, sus comportamientos y actitudes, los objetivos políticos salen airosos. Ocho diputados oficialistas están contra la pared, la Corte Suprema de Justicia dio paso a las solicitudes de antejuicio en su contra ante la denuncia presentada por la Gobernadora de Alta Verapaz, sigue haciendo ruido la presencia de diputados que no debieron haber tomado posesión por tener impedimentos legales, especialmente por ser contratistas del Estado y transgredir lo establecido en el artículo 113 de la Constitución. Sin embargo, el Congreso, como institución, quiere tomar distancia de los comportamientos individuales o de bancadas.
La última jugada fue la aprobación de la readecuación presupuestaria. Personalmente el presidente Taracena se comprometió con el mandatario Morales a que conseguiría la aprobación y así fue. Eso permitió dar vía libre al gobierno para colocar Q9 mil 426.5 millones en bonos del tesoro, con lo cual se oxigena el escenario del gasto público, se libera parte de las presiones a las que está siendo sometido el Ejecutivo en áreas claves que dependen del financiamiento —se incrementaron los presupuestos ordinarios de Gobernación y Salud— y se hace realidad la apuesta que ahora representa el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia —aumentan los recursos del Ministerio Público, Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, Instituto de la Defensa Pública Penal e INACIF—. En adición; aunque absolutamente cuestionable, el Congreso aprobó recursos extras para la USAC —Q50 millones— y para el opaco fideicomiso del transporte. También aprobó el incremento —Q30 millones, de los cuales la mitad serán para la nómina ociosa— de la poco útil Contraloría de Cuentas y Q126.6 millones para el programa de incentivos forestales —sin conocer su razón de ser— y Q300 millones para el controversial incremento a los pensionados del Estado.
Taracena se convirtió en el eslabón fundamental para la oxigenación del Gobierno central. Se convirtió en actor insustituible y consolidó su papel de interlocutor necesario. El Ejecutivo le debe una factura de gran tamaño. Se posicionó en el político que corta el pastel y que, a pesar de los cuestionamientos y ruidos que genera, tiene autoridad y la sabe ejercer. Tal como plantee en una columna de inicios de año, la UNE perdió la segunda vuelta electoral, pero ha ganado terreno; con lo cual cabe preguntarse qué es ganar y qué significa perder.
Las consecuencias de la aprobación elevan la presión al Presidente Morales. Ahora toca ver cómo se moverá el Ejecutivo para hacer efectiva lo resuelto por el Congreso, cómo asumirá la presión para que haya liquidez en el corto plazo y, por supuesto, la transparencia y calidad del gasto. Eso mismo deberá ocurrir con todas las instituciones públicas beneficiadas con los incrementos. De esa forma, la UNE podrá incrementar sus labores de fiscalización, cuando ahora ya no caben pretextos para impedir cumplir con los planes y demandas concretas de atención. Nuevamente, ¿quién gana con esta jugada?
Lo que suceda con la bancada oficial es de poca utilidad. J. Morales toma distancia, y ahora ya no necesita a un grupo de poco más de 30 diputados que solo velan por sus intereses, se han dedicado a clavar el puñal entre ellos. No por gusto el Canciller reveló que dos de esas piezas le han pedido favores. Hecho que no dice nada nuevo, pero que, en boca de un ministro, dice bastante del objetivo de sentar distancia entre un gabinete que pretende comenzar a moverse y una bancada inoperante y buena para nada.
Taracena se convirtió en el eslabón fundamental para la oxigenación del Gobierno central.