El jefe de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores, ha sido detenido tras dos años de fuga. Considerado el lugarteniente del alcalde, José Luis Abarca, y también el brazo ejecutor del cártel de Guerreros Unidos en la ciudad. Su captura anuncia un salto de gigante en la investigación. Flores, al que muchos policías daban por muerto, tiene las claves de lo que ocurrió aquella noche del 26 de septiembre de 2014.
Según informes preliminares, no sólo habría girado la orden de arrestar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sino que fue el encargado de entregarlos. Su testimonio puede arrojar luz sobre estos controvertidos hechos. O también sombras. Pero en cualquier caso anuncia una sacudida de proporciones aún desconocidas.
Los datos sobre la detención aún no han sido hechos públicos. Solo un mínimo comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad que anuncia su caída en una operación conjunta de los militares y la Procuraduría y los servicios de inteligencia. Fuentes oficiales señalaron que la captura se efectuó en Oaxaca, donde llevaría escondido todo este tiempo.
La noche de Iguala aún no ha encontrado su amanecer. Tras dos años de investigación, 130 detenidos, 422 resoluciones judiciales y 850 declaraciones, la versión oficial no ha logrado su principal objetivo: convencer a la ciudadanía. Las dudas sobre aspectos clave como la hoguera donde supuestamente ardieron los normalistas y la inacción del ejército, han prendido un fuego mayor: la desconfianza. Golpeados por ella, han ido cayendo los sucesivos puntales de la investigación. Primero el procurador general, Jesús Murillo Karam, después el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Ni siquiera la intervención de un grupo de expertos independientes ha logrado restablecer el equilibrio. Por el contrario, sus diferencias con la procuraduría desembocaron en un sonoro portazo y más dudas.
En este escenario, la figura del jefe policial de Iguala puede ser decisiva. Su proximidad a los hechos y, sobre todo, su papel nodal entre el cártel de Guerreros Unidos y la autoridad civil es clave para alcanzar a entender la implicación del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes
*Con información de El País