Las fuerzas de seguridad de Nicaragua han detenido a la ex primera dama y antigua diputada María Fernanda Flores y al periodista Miguel Mendoza a menos de cinco meses de que se celebren las elecciones presidenciales en el país.
Así, la cifra total de opositores detenidos durante las últimas semanas ascienden a 19, entre ellos cinco precandidatos presidenciales, según informaciones del diario ‘La Prensa’.
Todos estos arrestos están sujetos a una ley aprobada previamente por el Parlamento del país y que permite enjuiciar a quienes comentan actos que «atenten contra la independencia y soberanía» de Nicaragua e inciten a «la injerencia extranjera».
Arresto domiciliario
Flores, mujer del expresidente Arnoldo Alemán, permanece bajo arresto domiciliario, tal y como ha confirmado la Policía nicaragüense en un comunicado. La exdiputada perdió su escaño en medio de la polémica por el liderazgo del Partido Liberal Constitucionalista, del que formaba parte.
Alemán, por su parte, fue condenado en 2003 a 20 años de prisión por la malversación de unos 100 millones de dólares de fondos públicos en Nicaragua antes de ser absuelto por la justicia nicaragüense y liberado en 2009.
Periodista deportivo
Mendoza es un influyente periodista deportivo crítico con el Gobierno del presidente, Daniel Ortega. El último precandidato presidencial detenido es el también periodista Miguel Mora, que fue arrestado el domingo.
- Anteriormente fueron detenidos Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro.
- Ortega, de 75 años, fue reelegido dos veces en 2011 y 2016 tras una reforma constitucional que le permitió presentarse a nuevos mandatos. Ahora, podría presentarse para un cuarto mandato en las presidenciales de noviembre.
- Sin embargo, la oposición y la comunidad internacional lo han acusado de llevar a cabo una brutal represión contra disidentes y manifestantes, especialmente en 2018, cuando murieron más de 300 personas y miles abandonaron el país, según datos de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.