- La corrupción deja huellas claras a su paso. A donde se vea se encuentran los rastros de la forma en que se construyen las obras en Guatemala: mala calidad, sobrevaloración, excedidas en tiempo o sin acabar.
Un aeropuerto convertido en vergüenza nacional. Carreteras que se destruyen con las primeras lluvias, obras inconclusas que, además, se han sobrevalorado, contratos amañados, sobornos y las instituciones encargadas de fiscalizar viendo hacia otro lado, convierten al ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), en el mayor botín de la corruptela imperante en Guatemala.
A eso hay que sumar que no hay supervisión eficaz y que el Estado acepta como buenas a muchas empresas sin capacidad ni experiencia. Esta es la historia por cambiar.
La noticia no es nueva. Antes de toda la perversión vista durante la administración del Alejandro Giammattei, cuando la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) aún perseguía a los corruptos bajo las órdenes de Juan Francisco Sandoval, se dio el mayor hallazgo de una caleta de sobornos en una residencia del extitular del MICIVI, José Luis Benito Ruíz. Nada menos que Q122 millones en efectivo.
Nadie duda que esa cantidad, lista para pasar por el proceso de lavado de dinero, no puede ser producto más que de los sobornos que el exfuncionario recibía de las empresas constructoras a las que ha privilegiado con contratos sobrevalorados.
Ese caso fue uno de los que provocó la caída de Sandoval a manos de la fiscal general Consuelo Porras, pues derivado de ese caso se descubrió que, posiblemente provenientes de la misma caleta, Giammattei habría recibido cerca de Q20 millones para financiar su campaña, con el compromiso de conceder obras a las constructoras que pagaron ese soborno.
(La FECI y Sandoval ya no pudieron continuar con esa investigación, ni con el supuesto soborno recibido por Giammattei de parte de empresarios rusos, en lo que se llamó La Trama Rusa).
¡Desastre a la vista!
Antes de la llegada de las primeras lluvias que mostrarían la fragilidad de la obra pública, Arévalo y sus ministros fueron dejando al desnudo –lentamente–, la forma en que se contrata obra pública. La destituida ministra Jazmín de la Vega denunció que se analizaban cerca de 1,400 contratos de obras que mostraban anomalías.
Algunos de ellos llegaron como denuncias ante el MP –qué no ha activado la investigación de ninguno importante–, pero la mayoría parecen estar en el limbo.
La ministra de Educación, Anabella Giracca, denunció que la administración anterior dejó en “condiciones lamentables” la mayor parte de escuelas del país y anticipó que este año se trabajaría en adecuar correctamente unas 4,000 de ellas, porque los estudiantes no encontraban condiciones mínimas para recibir clases.
En el caso del aeropuerto La Aurora, se han presentado tres denuncias penales, pero el MP no ha actuado con la misma celeridad que antes tuvo para perseguir a operadores de justicia o periodistas.
Pero hay casos en los que ya se involucran las autoridades de la administración Arévalo, como el de un pequeño pero costoso proyecto en Palín, Escuintla, el gobierno anterior contrató la construcción de una calle y un colector de menos de 1 kilómetro, todo a un costo de Q25.9 millones. Se adjudicó en noviembre de 2022 y fue abandonada inconclusa en noviembre del año pasado, aunque ya se pagó casi la totalidad del proyecto (Q25.4 millones).
Ahora, las actuales autoridades del MICIVI aprobaron el pago de más de Q5 millones para que la paralizada obra fuera terminada por la misma empresa que incumplió.
Expertos en materia de construcción advierten que lo copioso que ha principiado este invierno, así como las lluvias intensas que se esperan lleguen con el fenómeno de La Niña, causarán desastres en la red vial, tomando en cuenta la mala calidad y planificación de las obras, algo similar a lo que sucede con el Libramiento de Chimaltenango, la principal obra del expresidente Jimmy Morales, rodeada de corruptela y también sin castigo de la justicia.
Lo mismo sucede con el aeropuerto internacional, en donde despupés de casi seis meses de que se diera todo el destape de la forma en que fue administsrado, ni siquiera hay una investigación seria abierta para castigar a los funcionarios por corruptos o, al menos, por incumplimiento de deberes.
El MICIVI mantiene una deuda de arrastre a empresas de construcción de casi Q13 mil millones, por obras que podrían no haberse construido con los estándares de calidad necesarios, aunque no se ha procedido a una evaluación, pero sí se intenta cumplir con los compromisos de pago. Muchas dudas en el ambiente.
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