- Contrataciones de familiares, becas, dietas y gastos cuestionados alimentan una disputa que ya llegó al Ministerio Público y a la Contraloría.
- Los diputados Karina Paz y José Chic denuncian un sistema que favorece a dirigentes y allegados, mientras impulsan cambios en la administración del deporte federado.
- Nóminas y registros oficiales permiten documentar parte de esos beneficios, aunque las responsabilidades penales siguen pendientes de establecer.
Redacción Crónica
El dinero del deporte guatemalteco está bajo cuestionamiento por algo más que su volumen. La discusión es quién lo recibe, mediante cuáles decisiones y con qué resultados. Las denuncias de los diputados Karina Paz y José Chic dibujan un circuito de dirigentes que permanecen o cambian de cargo, familiares contratados y beneficios distribuidos entre instituciones que deberían concentrarse en desarrollar atletas.
En el centro aparecen la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala —CDAG—, el Comité Olímpico Guatemalteco —COG— y un tercer organismo decisivo para comprender los señalamientos: el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación —Conader—.
La fiscalización parlamentaria sostiene que esa estructura ha permitido concentrar oportunidades y recursos en círculos familiares y de confianza. Algunos pagos están documentados en información pública. Determinar si fueron ilegales, si hubo conflictos de interés o si los servicios contratados justifican su costo requiere revisar expedientes, decisiones y resultados.
Uno de los clanes denunciados por la diputada Karina Paz:
Aguirre y Ardón: una relación anterior a sus actuales presidencias
Gerardo Aguirre, presidente del COG, y Francisco Ardón, presidente de la CDAG, no encabezan instituciones aisladas. Sus trayectorias se cruzan desde antes de ocupar sus actuales cargos.
Una publicación de Prensa Libre de 2016 identificaba a Ardón como relacionista de ambas entidades, encargado de gestionar las respuestas de sus presidentes. Una investigación histórica, ahora de Crónica, también lo sitúa como secretario de comunicación del COG durante la administración de Aguirre. Es un vínculo laboral e institucional documentado, aunque por sí solo no demuestra una conducta ilícita.
En septiembre de 2025, Ardón ganó la presidencia de la CDAG con 40 votos, en una elección a la que estaban convocados 47 presidentes de federaciones y asociaciones y en la que participó una sola planilla. Antes había sido subgerente de Comunicación de la Confederación. Paz cuestionó públicamente la competencia electoral y anunció acciones legales; sus denuncias de fraude no deben confundirse con una resolución judicial que lo haya acreditado.
La cooperación entre ambos dirigentes continúa. El 8 de octubre, la propia CDAG informó que Ardón y Aguirre suscribieron un acuerdo con el Comité Olímpico Dominicano para intercambiar atletas, entrenadores y especialistas. La coordinación es parte legítima de sus funciones. El cuestionamiento de los diputados es si, junto con esa cooperación, existe una red de protección y distribución de beneficios.
Hay que distinguir también a Luis Néstor Madrid González, gerente de la CDAG. No es su presidente. Paz lo señala como una figura cercana a Aguirre y sostiene que ambos mantienen una relación desde su paso por la Dirección General de Educación Física. La conexión que denuncia comprende, por tanto, decisiones políticas y administrativas entre distintos niveles de la dirigencia deportiva.
Un hijo del presidente del COG en la nómina de la CDAG
Uno de los cruces más concretos aparece en un documento oficial: la nómina de enero de 2026 de la CDAG registra a Eduardo Cristian Aguirre Letona, identificado por los diputados como hijo de Gerardo Aguirre, en el puesto de profesional en asuntos específicos de Gerencia.
La planilla consigna:
| Concepto | Monto de enero de 2026 |
|---|---|
| Sueldo base | Q30,000 |
| Bonificación profesional | Q375 |
| Bonificación incentivo | Q250 |
| Ingresos brutos | Q30,625 |
El documento confirma el empleo y la remuneración de ese mes. También permite precisar que ese pago corresponde a la CDAG, aunque algunas publicaciones sobre las denuncias familiares lo agrupan con contrataciones atribuidas al COG.
En la misma planilla, Madrid figura como gerente con ingresos brutos de Q58,825. Son cifras de enero, no una certificación de todos los pagos recibidos durante el año. Su importancia periodística reside en que muestran la escala de remuneraciones de la estructura administrativa que los congresistas están fiscalizando.
Paz también ha señalado contrataciones de una hija y una nuera de Aguirre. Según las cifras divulgadas por la legisladora, María Alejandra Aguirre percibiría Q30,000 mensuales por servicios profesionales y la nuera del dirigente Q23,125. La diputada hace más señalamientos de lo que ella llama «los clanes» del deporte, pues muestra en su denuncia pública en redes sociales los grupos familiares, cercanos a Aguirre o Ardón, que tienen a familias completas en las nóminas de las entidades cuestionada.
Por esa razón, la diputada considera que debe haber una intervención del deporte y depurar sus gastos.
La pregunta no termina en el parentesco. Debe establecerse cómo se seleccionó a cada persona, quién aprobó su contratación, qué servicios entregó y si el funcionario relacionado intervino en la decisión.
Las becas que denuncia José Chic sí aparecen en registros públicos
José Chic ha agregado otra dimensión: los beneficios para familiares en Conader, organismo en el que Aguirre participa como representante del COG.
Un informe de becas publicado por el propio Consejo registra a Daniela María Aguirre Letona en un diplomado de urbanismo ciudadano de la Universidad de Medellín, Colombia, con un monto mensual de Q7,469, correspondiente a mayo de 2026.
El mismo documento incluye a Eduardo Cristian Aguirre Letona en una especialización en Dirección Estratégica del Deporte de CLAEH, Uruguay, con Q7,422.54, correspondiente a abril de 2026.
Los registros respaldan la existencia de esos beneficios en los períodos indicados. Chic cuestiona que hijos de un integrante del Consejo resulten beneficiados y sostiene que existe un conflicto de interés. Para resolverlo se necesitan las reglas de elegibilidad, las actas de aprobación y la constancia de quiénes participaron —o se abstuvieron— en las decisiones.
También debe explicarse el vínculo entre cada programa de estudios y la misión institucional. Que un curso sea útil profesionalmente no demuestra, por sí solo, que financiarlo constituya una prioridad del presupuesto deportivo.
Las dietas: otra vía de ingresos
El cobro por asistir a reuniones es otro foco de la fiscalización.
Una revisión de información pública de Conader publicada en septiembre registró dietas para Aguirre de Q17,500 en febrero de 2026, Q30,000 en julio y Q40,000 en agosto. El aumento puede depender del número de sesiones y de las tarifas autorizadas; precisamente por eso deben examinarse ambas variables.
Posteriormente, Chic divulgó un recuento que atribuía Q206,000 en dietas hasta agosto tanto a Aguirre como a Ardón.
La controversia tampoco se resuelve señalando que una presidencia sea ad honorem. Un dirigente puede representar a su institución en otro órgano que pague dietas. La cuestión es si esos cobros están autorizados, son proporcionales y responden a reuniones y trabajo verificables.
Chic informó que impulsa una propuesta para limitar las dietas a Q5,000 mensuales.
Los millones de los Juegos Centroamericanos
La discusión incluye gastos mucho mayores que una nómina.
El Congreso informó que, en una citación del 10 de junio, Paz y otros legisladores fiscalizaron más de Q19 millones relacionados con los Juegos Centroamericanos de 2025. La diputada presentó documentos con los que cuestionó transferencias del COG a países participantes y su tratamiento fuera de los procedimientos que, a su juicio, correspondían en Guatecompras. Aguirre no asistió y delegó la representación en el gerente Gerardo Estrada.
Chic ha planteado interrogantes sobre fondos para hospedaje, alimentación y otros servicios. La revisión debe seguir el recorrido completo del dinero: autorización, transferencia, contratación, prestación del servicio y liquidación. Enviar recursos al extranjero no demuestra automáticamente un desfalco, pero obliga a acreditar su destino y el fundamento utilizado para administrarlos.
Según la información publicada este 29 de octubre, la Contraloría confirmó auditorías financieras y de cumplimiento en CDAG y COG, así como una auditoría especial sobre los Juegos Centroamericanos. El MP reportó seis denuncias contra Aguirre, distribuidas en distintas fiscalías y todavía en investigación. La existencia de expedientes acredita que hay señalamientos formalizados; no establece culpabilidad.
Cuando la fiscalización termina en gritos y denuncias cruzadas
El enfrentamiento se hizo visible el 4 de septiembre, cuando Chic ingresó a una sesión de Conader y Aguirre le exigió retirarse. El video difundido por el diputado mostró el intercambio y las protestas del dirigente contra su presencia y la persona que lo acompañaba grabando.
Conader reconoció posteriormente la facultad de fiscalización de los congresistas, pero sostuvo que debe ejercerse respetando los procedimientos y el funcionamiento del órgano. Su directora negó que hubiera una agresión física. El COG también promovió acciones legales contra Chic por declaraciones y actuaciones relacionadas con la disputa.
La escena resume el deterioro de la relación, pero no sustituye la revisión financiera. Ni los gritos prueban el desvío de recursos ni la existencia de una denuncia contra un diputado vuelve improcedentes todas sus preguntas.
La respuesta verificable está en contratos, actas, comprobantes y resultados.
Los “clanes” y la propuesta de intervención
Paz afirma haber identificado más de 30 grupos familiares entre instituciones y federaciones. En una entrevista del 13 de octubre describió un sistema de permanencia y rotación de dirigentes, contrataciones para allegados y viáticos que, según sostuvo, favorecen a las autoridades frente a los atletas. Es la interpretación de la legisladora y requiere comprobar cada caso, no extender una misma acusación a todos los trabajadores del deporte.
Su respuesta política es la iniciativa 6690, Ley Temporal del Rescate Nacional del Deporte Federado Guatemalteco. La propuesta contempla una comisión normalizadora designada por el presidente de la República para asumir funciones de dirección en la CDAG. La versión descrita en octubre prevé cinco integrantes, excluye a determinados exdirigentes recientes y establece una duración máxima de cuatro años. No debe confundirse con anuncios iniciales que hablaban de un interventor único.
La intervención abre una discusión distinta de las denuncias de corrupción: cómo sustituir una administración cuestionada sin trasladar el control del deporte a intereses partidarios.
La Constitución reconoce la autonomía de CDAG y COG y establece una asignación mínima para educación física y deporte. Esa autonomía exige examinar cuidadosamente la legalidad de cualquier sustitución de autoridades.
El precedente internacional también importa. El COI levantó provisionalmente la suspensión de Guatemala el 19 de marzo de 2024, permitiendo que sus atletas compitieran en París bajo la bandera nacional. La protección de los deportistas obliga a evaluar las consecuencias de una intervención, sin convertir ese riesgo en una razón para renunciar a las auditorías y a la investigación penal.
El examen pendiente: cuánto llega realmente al deportista
El cuadro documentado ya permite formular preguntas concretas: un hijo del presidente del COG aparece en la nómina de la CDAG; dos familiares figuran en becas de Conader; las dietas alcanzan decenas de miles de quetzales mensuales y existen gastos de competencias sometidos a auditoría… y esto es solo parte de una «piñatsa» que se reparte todos los años entre dirigentes y no deportistas.
No permite todavía fijar una cifra global de dinero robado o derrochado. Para hacerlo habría que separar gastos legales pero discutibles, pagos injustificados, conflictos de interés y posibles delitos.
Aguirre y Madrid no responden a interrogantes de la prensa ni de los diputados. Esa ausencia de respuesta corresponde a la gestión deja dudas sobre la transparencia que puedan manifestar los dirigentes.
El asunto central es si el diseño institucional favorece el acceso abierto al deporte o la reproducción de los mismos grupos. Las denuncias de Paz y Chic deben medirse por sus pruebas; los dirigentes deben responder por sus decisiones y el dinero que administran.
El resultado más importante de esta fiscalización será establecer qué recursos produjeron mejores entrenamientos, instalaciones y oportunidades, y cuáles terminaron sosteniendo privilegios sin una justificación pública suficiente.