Las denuncias al Ministerio Público (MP) se deben a que varios funcionarios públicos aprobaron pactos colectivos sin contar con los dictámenes legales y que no consultaron a instancias pertinentes sobre la viabilidad de los mismos, informó la Procuraduría Generaral (PGN)
El diagnóstico anunciado por Maria Eugenia Villagran, titular de esta dependencia, da cuenta que el 98 por ciento de estos pactos no cumplio con los requisitos legales y que en este caso no observaron las disposiciones constitucionales y de otra índole antes de la suscripción y homologación de los convenios, afirmó la Procuradora.
De acuerdo al Vicepresidente Jafeth Cabrera, la propuesta es que cada instancia que tiene un pacto colectivo presente un estudio respecto al impacto económico que implican para el país, pues no se cuenta con ese dato y por lo consiguiente si no hay dinero tendrá que enviarse a un proceso de diálogo con los sindicatos para determinar cuáles se pueden llevar a cabo y cuáles no, apuntó.
Entre las instituciones denunciadas figuran: la Empresa Portuaria Quetzal, Congreso de la República, Dirección General de Migración, Dirección General de Caminos, Instituto Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Registro de la Propiedad, Escuela Nacional Central de Agricultura, y los Ministerios de Salud Pública y el Ministerio de Agricultura.
Villagrán aseguró que a la fecha se han presentado ya cuatro denuncias y que de momento los convenios laborales no quedan suspendidos.
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