El presidente Jimmy Morales, el vicepresidente Jafeth Cabrera, y el consejo de ministros, han sido denunciados por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) y también por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) por considerar posibles anomalías en la decisión de haber emitido el Estado de Prevención, el cual causó controversia y estuvo vigente solo dos días.
A pesar de haber sido derogado el acuerdo 5-2016 que buscaba reducir el impacto de los desastres naturales, pero que también restringía tres garantías constitucionales, el Ejecutivo podría haber cometido en ilegalidades, según CALAS. Por ello, presentaron una querella penal ante el Organismo Judicial, lo significa una solicitud de antejuicio contra los funcionarios.
En total 17 funcionarios firmaron el polémico acuerdo, entre ellos los ministros de gabinete a excepción del canciller, Carlos Raúl Morales (en su lugar firmó la viceministra Alicia Castillo), el Presidente, el Vicepresidente y Secretario General de la Presidencia, Carlos Martínez Gularte. Todos ellos habrían cometido abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, por lo cual la querella penal ya fue trasladada a la instancia correspondiente.
Por su parte, la UNE denunciará ante el Ministerio Público al binomio y a los funcionarios que aprobaron el acuerdo bajo los mismos delitos, pero añadiéndole el de incumplimiento de deberes. Según el diputado Orlando Blanco, de dicha agrupación, se debe investigar qué finalidad oscura tenía el fallido estado de Prevención decretado, dijo el funcionario, por lo cual solicitó a la Fiscalía una investigación sobre el tema
Ayer, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, indicó que pedirá informes circunstanciados sobre el tema para determinar por qué se intentaban restringir garantías constitucionales de la población.