Varias organizaciones de Derechos Humanos presentaron una denuncia por homicidio agravado, abuso de autoridad, y lesiones graves, contra el expresidente de Perú Manuel Merino y el primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, después de que las protestas que se organizaron durante la semana en varios puntos del país dejó dos fallecidos y casi un centenar de heridos.
Además de Merino, quien presentó su dimisión un día después de que se confirma el fallecimiento de estos dos manifestantes, y Flores-Aráoz, también fueron denunciados el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, quien también su renuncia; el jefe de Policía de Lima, el general Jorge Luis Cayas; y el director general de la Policía Nacional, Orlando Velasco Mujica.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jorge Bracamonte, explicó que la violencia policial sufrida durante toda la semana de manifestaciones, y que alcanzó su punto álgido este sábado, «vulneró la vida y la integridad de los jóvenes peruanos, quienes de forma valiente salieron a ejercer su derecho a la protesta ciudadana».
«Exigimos una investigación contra los responsables del uso abusivo y arbitrario de la fuerza que ha enlutado al país», demandó Bracamonte, según recoge la prensa peruana.
Responsabilidad política
La denuncia se produce un día después también de que Flores-Aráoz se desmarcara de cualquier «responsabilidad política» en relación a los dos fallecidos y al centenar de heridos que dejaron los choques entre manifestantes y la Policía.
Tras la renuncia de Merino, el Congreso de Perú no ha sido capaz este domingo de alcanzar un acuerdo para elegir a un presidente interino hasta las próximas elecciones generales del 11 de abril, después de que la única lista de candidatos a la Mesa Directiva presentada, y que estaba encabezada por la diputada del Frente Amplio Rocío Silva Santisteban, no haya logrado los votos necesarios.