Alianza por la Solidaridad pide al gobierno de España que pida explicaciones a países centroamericanos
Alianza por la Solidaridad-ActionAid ha denunciado este viernes el «acoso» de los gobiernos de Centroamérica a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), al tiempo que ha reclamado al Gobierno de España que pida explicaciones ante los allanamientos y criminalización a estas organizaciones en la región.
En Guatemala, el gobierno de Alejandro Giammattei ha continuado su acoso y criminalización contra cualquier voz discordante, aumentando al mismo tiempo las agresiones a líderes de Derechos Humanos. Según Udefegua, en 2020 se batió récord de estas agresiones, hasta los 1.055 casos, pese a que fue el año del confinamiento. El pasado 24 de noviembre, ordenó la detención de dos opositores a su Gobierno por participar en una manifestación de protesta convocada contra sus recortes sociales.
Paralelamente, en el país centroamericano se ha puesto en marcha la llamada Ley de ONG con la que se pretende limitar las denuncias de vulneraciones de Derechos Humanos que realizan las organizaciones, bajo la excusa de que sólo deben realizar actividades que no vulneren el orden público, lo que incluiría cualquier tipo de demanda pública o movilización.
Las ONG, defensoras de los Derechos Humanos en países de Centroamérica, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras o Costa Rica, están siendo objeto del acoso judicial, policial y mediático, así como de un proceso de criminalización que busca su desprestigio para acabar con las críticas a las vulneraciones de derechos fundamentales que tienen lugar en estos países.
Así lo ha denunciado Alianza por la Solidaridad-ActionAid, que ha seguido de cerca la persecución a organizaciones locales con las que trabaja directamente y los señalamientos de otras cuyos líderes han tenido que abandonar el país por razones de seguridad.
También la organización ha explicado que el último de estos sucesos ha tenido lugar esta misma semana, cuando el Gobierno de El Salvador, que preside Nayib Bukele, envió a fuerzas de la Fiscalía, policiales e incluso militares a diferentes ONG, entre las que se encuentra ProVida, socia de Alianza, y otras seis organizaciones, allanando sus instalaciones y llevándose material de sus sedes bajo acusaciones infundadas de malversación de fondos.
CASOS EN DIFERENTES PAÍSES
La organización salvadoreña ProVida lleva 37 años trabajando con las comunidades, muy especialmente en la defensa del derecho al acceso a agua potable en uno de los países del mundo con más estrés hídrico en relación con su población.
«Está claro que lo que quieren es descalificarnos desde el Estado, cuando es manifiesto que nuestra ONG depende de fondos extranjeros, dentro de una estrategia de hostigamiento a las organizaciones de izquierdas que proveemos de servicios, como educación o agua, que debería proveer el Estado salvadoreño», ha señalado la portavoz Karen Ramírez.
A su juicio «es algo que nos pone en riesgo porque genera desconfianza hacia nuestro trabajo en los territorios Persecución de las ONG también en otros países».
Situaciones similares se han vivido en otros países. En Nicaragua, numerosos líderes sociales opuestos al Gobierno de Daniel Ortega están en la cárcel y las ONG tienen poco margen de maniobra. Prácticamente, todas las ONG y líderes están sujetas a una excesiva censura, en prisión o fuera del país.
La situación en Honduras no mejora. En lo que va de año han sido asesinados decenas de opositores políticos (39 según algunas fuentes) y al menos otros 40 defensores de Derechos Humanos y del territorio. Las elecciones presidenciales del domingo, han acentuado la violencia que se había ya incrementado desde el golpe de Estado de 2009.
Alianza por la Solidaridad-ActionAid considera inadmisible que, ante estos hechos, el Gobierno español no salga en defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, como hace en otros foros internacionales, y exige su posicionamiento claro a favor de la sociedad civil centroamericana.
«Es necesario que el Gobierno español se ponga del lado de los Derechos Humanos y sea contundente reclamando el cese del retroceso de los espacios cívicos en estos países, donde los líderes sociales son perseguidos, las ONG allanadas y los presos políticos van en aumento», ha sentenciado la responsable de Desarrollo Sostenible en Alianza-ActionAid, Almudena Moreno.