Los cinco miembros de la comisión pesquisidora en el caso de antejuicio de la magistrada Blanca Stalling votaron a favor de recomendar que se le levante la inmunidad, por lo que ahora su resolución debe ser conocida por el pleno y sometida a su aprobación por mayoría calificada. Si se confirma –que es lo que debiera suceder, según respuesta de la mayoría de bancadas–, la vocal de la Corte Suprema de Justicia podrá ser juzgada en un tribunal ordinario por el delito de tráfico de influencias.
Tras tres días de reuniones, análisis de pruebas y declaraciones de las partes, la comisión llegó a la decisión unánime de que hay suficientes indicios como para permitir que el proceso solicitado por el Ministerio Público (MP) y la CICIG, continúe en un tribunal penal.
La magistrada, quien se ha negado a renunciar hasta el momento, es acusada de intentar influir en la decisión del juez Carlos Ruano, cuando este conocía el caso de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, uno de los abogados implicados en el caso Bufete de la Impunidad. Stalling intentó persuadirlo de que concediera medida sustitutiva en vez de dictar prisión.
El juez grabó las conversaciones que tuvo con la magistrada y presentó la denuncia ante el MP y la CICIG. Entre las pruebas que tuvo para decidir la comisión están las grabaciones del juzgador, quien tuvo que salir del país por razones de seguridad.
Si el Congreso tiene la voluntad de hacerlo, podría incluir en la sesión de este jueves la votación para decidir el futuro de Stalling, una magistrada sobre la que siempre han existido dudas sobre sus vínculos con la llamada clase política, y a quien se le considera en círculos pro justicia como vinculada al entramado de impunidad que se ha construido y fortalecido con el correr y paso de los diferentes gobierno.
(Foto: Guatemala visible, conferencia de prensa del presidente de la comisión pesquisidora, Julio Longo (FCN-Nación))