El poder puede servir para hacer el bien o ser utilizado para el mal. El Estado se organiza para promover el bien común y no para beneficio de grupo alguno.
Gonzalo Marroquín Godoy
Jalisco nunca pierde… y cuando pierde, arrebata. Frase envalentonada que hace mucho repetían los tapatíos, aunque ahora está bastante en desuso pues la gente de Guadalajara y de esa zona de México ya no son tan prepotentes. Sin embargo, es la mentalidad que muchos políticos de la región latinoamericana han adoptado.
Esta ha sido una semana tumultosa en el país. El sábado anterior, el oficialismo sintió que podía perder la rectoría de la USAC y antes de que eso sucediera, prefirió arrebatar las elecciones e imponer a Walter Mazariegos a trocha y moche, aunque ahora se topa con que al menos nueve facultades lo desconocen como nuevo mandamás de la importante universidad estatal.
Casi al mismo tiempo se consumó la reelección de Consuelo Porras como fiscal general, nombramiento del presidente Alejandro Giammattei que fue recibido por muchos –a nivel nacional e internacional–, como un balde de agua fría, por su mensaje a favor de la impunidad y el anuncio de que la represión judicial será la norma que prevalezca en los próximos meses.
Si había dudas, en estos días se ha confirmado que están bajo acoso judicial elPeriódico y tres periodistas de este diario y nada menos que el valiente juez Miguel Ángel Gálvez, otro de los íconos de la justicia independiente y de la lucha anticorrupción.
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En países bajo dictaduras o gobiernos autoritarios es común ver que el sistema de justicia pierde su independencia y que jueces y magistrados son alineados con el oficialismo. Entonces el sentido de JUSTICIA se pierde, pues las instituciones –fiscalía, juzgados y cortes– se ponen al servicio del poder político y se vuelven una poderosa herramienta para intimidar a los enemigos, entendiendo que estos son todos aquellos que se oponen a los abusos, la corrupción, la impunidad o simplemente a la imposición de políticas absurdas.
En el caso de elPeriódico, se ha vuelto una práctica común entre mujeres en posiciones públicas señaladas por actos irregulares –cuando no de corrupción–, que buscan acogerse a la Ley de femicidio, con el fin de lograr órdenes judiciales para prohibir que el medio o les periodistas puedan mencionarlas, una resolución que, de producirse tendría varias ilegalidades.
La primera es que se utiliza una vía contraria a la que se establece en la propia Constitución. Otra es que se estaría haciendo una censura previa al medio o periodistas, lo que significa otra violación a la Constitución y a la Ley de Emisión del Pensamiento, que por cierto es de rango constitucional.
Los fallos por esta vía contra elPeriódico, José Zamora y sus colegas ¡son absolutamente ilegales!, y son un ejemplo más de la forma represiva en que se puede utilizar al sistema de justicia.
El caso del juez Gálvez viene a sumarse al esfuerzo que lleva a cabo la alianza oficialista por terminar con cualquier foco de independencia que pueda haber entre fiscales, jueces y magistrados. Todos hemos podido escuchar las fundamentadas resoluciones del juez por medio de las transmisiones de radio y televisión. No lo hace a la ligera y se sustenta siempre en las leyes vigentes.
Sin embargo, ahora resulta que Fundaterror lo acusa de prevaricato, un delito que solo puede cometer un juez que tiene fallos contrarios a la ley por negligencia o ignorancia. Es claro que no es el caso del juez Gálvez, pero hay que recordar que el MP y la CSJ actúan siempre en la línea de las denuncias que presenta esta fundación, por lo que hay que poner atención a lo que hará la fiscal, quien dijo asumir su segundo mandato con el compromiso de respetar el estado de Derecho y de la mano de Dios. Creo que son palabras vanas.
El momento para el país es complicado. No existe independencia entre los poderes del Estado, las cortes (CSJ, CC y TSE) están al servicio de la alianza oficialista, se acabó la lucha anticorrupción, lo que significa que veremos muchos escándalos en el futuro, porque en arcas abiertas hasta el santo peca.
Pero hay más. Los precios de los productos básicos suben sin control; el endeudamiento del Gobierno no cesa; el fracaso de la vacunación fue estrepitoso y generó pérdidas de cientos de millones de quetzales; Guatemala se está volviendo una especie de paria en el concierto internacional; y los problemas de fondo nunca se atienden –léase educación, salud, infraestructura y demás–.
Alguien me decía a manera de justificación que se hacen muchas cosas buenas que la prensa no reporta. ¡Claro! Solo faltaba que con un presupuesto de más de Q100 mil millones anuales no se hicieran por ahí algunas cosas buenas. ¡Tienen la gorda obligación!, aunque en realidad, debieran ser muchas más. Ni siquiera se atiende eficientemente la desnutrición infantil crónica, para poner solo otro ejemplo.
Hay que repudiar con mucha fuerza el uso de la justicia para reprimir. Ya parecemos Nicaragua o Venezuela…