Gonzalo Marroquín
Esta crisis y caos que vivimos, ha puesto a prueba la institucionalidad del país. Cuando las instituciones –especialmente del sector justicia– no funcionan, es prácticamente imposible tener una democracia funcional y los abusos del poder político se desbordan. En el caso de Guatemala, la clase política se fue apoderando de todas las instituciones, hasta que el descaro, el abuso y la imprudencia crearon esta situación.
Ahora estamos viendo la forma en que las cosas se pueden corregir, estamos viendo lo que sucede cuando las instituciones responden al llamado para el cual fueron creadas. El Ministerio Público (MP), a cargo de Thelma Aldana, ha marcado el rumbo: la independencia de poderes.
Luego nos encontramos con un sistema de justicia que comienza a funcionar con adecuada independencia. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha dado trámite –como debía ser– al antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, al tiempo que el juez de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien, además, deberá seguir en prisión.
Ahora la braza llega a la peor de todas las instituciones del Estado: el Congreso de la República, en donde se conoce ya el antejuicio contra Pérez Molina, y se pondrá a prueba la transa entre los partidos Líder y PP. Lo que veremos aquí será más producto del momento, que una respuesta honesta del Organismo Legislativo, foco también de señalamiento de parte del MP y CICIG.
Entramos en un período severo de ingobernabilidad, pero al menos las instituciones del sector justicia están respondiendo al clamor popular y a lo que el país demanda en estos momentos. Es importante que magistrados y jueces se empoderen de su independencia de una vez por todas. Quienes sigan sujetos al poder político, quedarán evidenciados ante la sociedad.