Por: Enma Reyes
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un antejuicio planteado por la Junta Directiva del Congreso de la República en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) Bonerge Mejía, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, por otorgar un amparo provisional que suspendió el trabajo de la Comisión legislativa que investigaba el actuar de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De acuerdo con la denuncia presentada por el Legislativo, los togados habrán incurrido en los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución Política de la República, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato, al suspender temporalmente la Comisión que investigaba el actuar del ente investigador en los 12 años de funcionamiento en el país.
Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial, informó que la solicitud de retiro de inmunidad fue rechazada “in limine” por los magistrados de la CSJ
Sin embargo, la mesa de trabajo continuó escuchando los testimonios a título personal de las supuestas víctimas de la CICIG por violentar sus derechos.
Caso Subordinación
Los magistrados de la CSJ también rechazaron los antejuicios presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) contra los diputados Haroldo Quej, Gustavo Medrano, Juan José Porras Castillo y Marco Antonio Orozco por el caso Subordinación del Legislativo.
La Fiscalía presentó las solicitudes en contra siete congresistas y del Ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, quien es señalado de asociación ilícita y cohecho activo.
Según con las pesquisas, los parlamentarios –incluyendo al diputado del partido FCN-Nación, Estuardo Galdámez– cobraron comisiones por aprobar un acuerdo de Telecomunicaciones, durante la administración del Partido Patriota. La exvicepresidenta Roxana Baldetti figura como la líder de la estructura criminal.