Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negaron en definitiva un amparo solicitado por la ex fiscal general del Ministerio Público (MP) Thelma Aldana.
Con ese fallo se confirmó la disposición de la fiscal general, Consuelo Porras, quien derogó el Acuerdo 80-2017, que otorgaba seguridad a Aldana y la exsecretaria del MP Mayra Véliz, así como a sus familias.
En octubre de 2019, la fiscal general Consuelo Porras, revocó el acuerdo que otorgaba seguridad a quienes habían fungido como jefes del Ministerio Público. En aquella oportunidad aseguró Porras que tampoco gozaría de ese privilegio al dejar el cargo.
Aldana aunque no se encuentra en Guatemala, solicitó la protección para sus hijos y argumentó en la acción de amparo que la decisión de Porras violenta el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se otorgaron medidas de seguridad para ella y su familia.
En el amparo, Aldana expuso que la decisión de revocar ese acuerdo contraviene los deberes del Estado de Guatemala de brindarle protección debido a que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) decretó medidas cautelares a su favor.
“A partir de ahora, señora Consuelo Porras, usted asume la responsabilidad por la vida de mis hijos. Ha violado las medidas de seguridad decretadas por la CIDH y resoluciones de la PDH”, expuso la ex fiscal general en un tuit publicado en 2019 por la decisión de Porras.