Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron este miércoles 26 de enero no conocer la solicitud del retiro del derecho de antejuicio contra el diputado Jorge García Silva, enviada por el Juzgado Quinto Penal por su presunta implicación en el Caso Clima, Corrupción y Poder.
La magistrada Silvia García, votó en contra de lo dispuesto por la mayoría de los togados. De acuerdo con su criterio, el Ministerio Público (MP) ya había sido notificado de la disposición judicial y no se pronunció al respecto. En tanto, los magistrados argumentaron que no eran competentes para conocer la resolución de la jueza del caso, por lo que devolvieron la certificación y la inhibitoria para que el Ministerio Público (MP) pueda pronunciarse respecto a la solicitud de investigación.
Los familiares del legislador tenían una orden de detención emitida en diciembre por el caso denominado Clima, Corrupción y Poder, denunciado en 2020, de acuerdo con el Ministerio Público (MP).
Los detenidos son Trinidad Monterroso Bonilla y Jorge Eduardo García Monterroso, esposa e hijo, respectivamente, del legislador Jorge García Silva, del partido Prosperidad Ciudadana, aliado al oficialismo.
Según la denuncia realizada en noviembre de 2020, el diputado, que goza de inmunidad, habría facilitado contratos de servicios de asesoría a través de una entidad mercantil vinculada a él y su esposa, así como de otras personas de su partido, por unos Q27 millones (unos 3,5 millones de dólares).
El caso se conoció públicamente hasta el 5 de noviembre del 2021 cuando el MP, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), realizó varios allanamientos y capturó a 16 personas por estar implicadas en este caso de corrupción, uno de ellos fue el director y las subdirectoras del Insivumeh, Yeison Samayoa y Astrid Amanda Montes.
Desde el 12 de enero la Interpol había activado una alerta roja internacional en contra de la esposa y el hijo del parlamentario para ser capturados.
Según las investigaciones del MP, los sindicados habrían participado en la compra irregular de un equipo para la institución científica.
El Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, que tiene bajo su cargo el caso, resolvió en noviembre pasado ligar a proceso penal a los 16 detenidos por la corrupción en el Insivumeh, bajo cargos de fraude, asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.