Críticas por acuerdo migratorio con EE.UU.

Distintos sectores guatemaltecos criticaron este sábado el acuerdo que el gobierno firmó con Estados Unidos para recibir a migrantes que soliciten asilo, mientras empresarios expresaron satisfacción porque el país evita sanciones económicas de la potencia mundial.

La Casa Blanca describió al convenio firmado el viernes como «tercer país seguro», pero el país centroamericano insiste en negar esa tipificación y lo define como un acuerdo de cooperación relativo «al examen de solicitudes de protección». 

El acuerdo fue suscrito en Washington entre el secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan, y el ministro del Interior guatemalteco, Enrique Degenhart.

Inicialmente su firma estaba prevista el 15 de julio entre los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y de Estados Unidos, Donald Trump, pero el mandatario guatemalteco suspendió su visita a Washington luego de que la máxima corte de su país indicara que la suscripción no era viable.

Tras esa cancelación, Trump amenazó a Guatemala con gravar sus exportaciones y las remesas familiares al considerar que había roto la promesa de convertirse en tercer país seguro. 

El ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, expresó su «preocupación» por las potenciales consecuencias del convenio y aseguró que es ilegal, ya que la Constitución no confiere facultades para suscribir acuerdos entre Estados a un ministro.

También hizo un llamado al Congreso de Guatemala para que no conozca su contenido.

Amnistía Internacional (AI) calificó de «indignante» cualquier «intento de forzar a las familias e individuos que huyen de sus países de origen a buscar seguridad en Guatemala».

La directora de incidencia en las Américas de AI, Charanya Krishnaswami, afirmó en un comunicado que «no hay duda de que Guatemala no debe ser considerada un lugar seguro de refugio».

Asimismo, consideró que la administración Trump debe abandonar «este cruel e ilegal plan de cerrar las puertas a las familias e individuos que intentan reconstruir sus vidas con seguridad».

«Firmaron y les importó un bledo que dejaran el futuro de Guatemala comprometido. Así se despide Morales de la presidencia más nefasta de la historia reciente», lamentó por su parte el excandidato presidencial y exdirector de Transparencia Internacional en Guatemala, Manfredo Marroquín.

Morales culmina su mandato en enero. Los dos candidatos que irán a un balotaje el 11 de agosto para sustituirlo, la socialdemócrata Sandra Torres y el derechista Alejandro Giammattei, también rechazaron el acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos.

En tanto La ONG Refugees International calificó el anuncio del pacto como «muy alarmante». 

Empresarios a favor

Pese a la ola de críticas, los empresarios aglutinados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales Industriales y Financieras (Cacif) aplaudieron la decisión de Morales al considerar que se evitan los impuestos a las exportaciones y remesas que había anunciado Trump.

Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif, dijo que esas medidas «hubieran afectado a millones de guatemaltecos».

«Los riesgos y consecuencias de no firmar eran muy grandes para el país», insistió el empresario.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) apoyó el convenio en un comunicado, expresando que su firma refleja la estrecha relación bilateral entre Guatemala y Estados Unidos, la cual se ha fortalecido en la búsqueda de soluciones conjuntas para abordar el fenómeno migratorio.

«Celebramos que se haya alcanzado un acuerdo viable entre Guatemala y nuestro principal socio comercial, que contempla la regularización de visas temporales de trabajo y el combate a la migración irregular», expresó en la nota Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham Guatemala.

En tanto, la Cámara de Industria y Agrícola también expresó su beneplácito por el convenio.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala pues representa casi el 40% del comercio. En 2018, las remesas sumaron 9.287,7 millones de dólares, un 13,4% más que en 2017, lo cual representa más del 12% del PIB guatemalteco.

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