- Algunos de los detalles de la acusación contra la vicepresidenta argentina
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, ha vuelto a denunciar este martes la supuesta persecución judicial de la que es víctima y ha asegurado que el proceso por fraude que se libra contra ella, en el marco de la cual la Fiscalía le ha pedido doce años de cárcel, es en realidad «un juicio al peronismo».
Fernández se sienta en el banquillo como supuesta partícipe en una trama ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz. El Ministerio Público estima en 5.231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido.
Según la vicepresidenta, que se ha dirigido a los ciudadanos a través de Internet y desde su despacho en el Congreso, el entorno del expresidente Mauricio Macri quiere juzgar «los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas», en alusión a los mandatos tanto de su marido como de ella misma, que dieron paso a cuatro años de macrismo.
Es, en su opinión, «un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares» que han subido salarios o emprendido mejoras en materia de obra pública. «Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo», ha enfatizado.
Fernández solicitó sin éxito hablar de nuevo ante el tribunal, que previsiblemente dictará sentencia en diciembre. Aunque fuese condenada, la vicepresidenta tendría en su mano un proceso de recursos para retrasar su hipotético ingreso en prisión o la inhabilitación que le reclama la Fiscalía para que no ocupe ningún cargo público de por vida.
LA SENTENCIA «ESCRITA»
La vicepresidenta se siente víctima de una «feroz campaña política y mediática» pero, en aras del «derecho de defensa», ha puesto en cuestión también el propio desarrollo del proceso, que «empezó con una ficción» y siguió con unas acusaciones presuntamente infundadas. «Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado», ha criticado.
«Cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta», ha esgrimido, durante una alocución en la que dijo que la causa contra ella «está armada» desde 2019, último año en el que Macri estuvo en el poder antes de ceder el testigo de nuevo al peronismo, informa la agencia de noticias Télam.
La vicepresidenta, que tiene varias causas abiertas, tiene en este frente el apoyo explícito de su Gobierno y del jefe de Estado, Alberto Fernández, que el lunes, poco después de que se conociese la petición de pena de la Fiscalía, afirmó que era «un día muy ingrato» para él.
También ha recibido en las últimas horas muestras de apoyo de simpatizantes que han salido a las calles de Argentina. Tras concluir su discurso, Cristina Fernández se ha asomado al balcón de su despacho para saludar a los allí presentes y agradecerles este respaldo.
¿DE QUÉ SE LE ACUSA?
La Vicepresidenta es procesada por integrar una asociación ilícita en calidad de jefa y por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, delitos que tienen una pena de hasta 10 y 6 años de prisión, respectivamente. En la causa se investiga si Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
El fiscal Luciani sostuvo en su alegato que se dotó de fondos injustificados a la provincia de Santa Cruz y que las autoridades nacionales direccionaron las licitaciones para que ganara casi todas Báez. Por otro lado, señaló que el empresario incumplió casi todas las obras que se le adjudicaron y que fue favorecido con fuertes aumentos de los precios originales.
Luciani destacó que solo una obra mantuvo su precio original. En 50 de las 51 obras, hubo redeterminaciones de precios. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, señaló el magistrado, y agregó: “En 39 casos Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años. Y consiguió más de $ 1.500 millones en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal”, afirmó.