Las autoridades salvadoreñas iniciaron proceso contra el expresidente Alfredo Cristiani, un exdiputado y nueve exmilitares retirados, imputados en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en noviembre de 1989.
La Voz de América
Associated Press (AP)
SAN SALVADOR — Un juzgado salvadoreño instaló el miércoles la audiencia preliminar contra el expresidente Alfredo Cristiani, un exdiputado y nueve exmilitares retirados, imputados en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras cometida por una unidad de elite del ejército en noviembre de 1989, cuando los procesados ocupaban altos mandos.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando élite del Ejército ejecutó a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
En 1991 ya se llevó a cabo un juicio por la muerte de los seis jesuitas y las dos colaboradoras. En ese entonces fueron procesados ocho funcionarios de rangos menores: el coronel José Guillermo Benavides, dos tenientes y cinco soldados del batallón de élite Atlacatl, pero un jurado absolvió a seis.
Los dos restantes fueron declarados culpables, pero dos años después —con la amnistía promulgada en 1993 durante el gobierno de Cristiani— ambos fueron indultados y liberados tras pasar unos meses en prisión.
La Comisión de la Verdad —que investigó los crímenes cometidos durante la guerra civil de 1980 a 1992— responsabilizó del asesinato de los jesuitas a los altos mandos, que ahora son procesados por la Fiscalía General: Cristiani, el exdiputado Rodolfo Antonio Parker, y los exmilitares retirados Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Joaquín Arnoldo Cerna, Inocente Orlando Montano —por los crímenes por los que no fue juzgado en España—, Óscar León Linares y Manuel Antonio Rivas.
En el primer día de la audiencia únicamente se presentaron cinco de los 11 procesados en el caso. El coronel Inocente Orlando Montano — quien al momento de la matanza era viceministro de Seguridad Pública de El Salvador— participó vía remota desde el consulado de ese país en España, donde cumple una condena de 133 años de cárcel por el asesinato de cinco de los seis jesuitas de nacionalidad española.
En El Salvador se le juzga por su posible involucramiento en el homicidio del sexto sacerdote y de las dos colaboradoras.
Cristiani y Parker no se presentaron a la audiencia, ni los militares Juan Orlando Zepeda, Joaquín Arnoldo Cerna y Oscar León Linares.
La Fiscalía acusa a los militares del asesinato de seis sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana, de nacionalidad española, y el salvadoreño Joaquín López y López; y sus dos colaboradoras, Elba Ramos y su hija Celina Ramos, de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas».
A Cristiani lo acusan de responsabilidad penal por omisión en el caso de la matanza, mientras que Parker es señalado por los delitos de fraude procesal y encubrimiento.
Durante la audiencia en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, los abogados defensores de algunos de los imputados presentaron alegatos para buscar la nulidad del proceso y que se archivara la causa, pero les fue denegada la petición.
Según un informe de la Comisión de la Verdad, «existe plena prueba de que el Licenciado
Rodolfo Parker Soto, miembro de la Comisión de Honor (del ejército), alteró declaraciones para ocultar las responsabilidades de altos mandos en el asesinato».
Cristiani salió del país en junio de 2021 después de comparecer ante una comisión especial del Congreso que investigaba los sobresueldos de exfuncionarios del gobierno.
Las autoridades han dicho que se desconoce el paradero de Parker, quien también habría salido del país después de concluir su período legislativo el 30 de mayo de 2021.
La ley de amnistía general de 1993, promulgada en el gobierno de Cristiani y derogada en 2016, ha impedido procesar a los involucrados en crímenes de guerra.
Después de que en 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía general —la cual impedía que se procesara a los involucrados en crímenes de guerra—, la comunidad jesuita salvadoreña ha estado batallando para que se permita la reapertura del juicio.
Los jesuitas insisten en el esclarecimiento de la autoría intelectual y que se investigue la participación de los militares y del mismo Cristiani.