Por Joseph Harold Pierre*
La crisis electoral en Haití ya lleva poco más de cinco meses y se remonta desde los resultados cuestionados de las elecciones del 9 de agosto del 2015. Estamos en una situación que ha ido empeorando por las acusaciones de fraude masivo en la contienda del 25 de octubre pasado.
Parece que la situación política, tal como se ha visto por estos días, estaría dirigiéndose hacia una catástrofe inminente, tomando en cuenta la exacerbación de los problemas sociales.
A pesar de las numerosas declaraciones del Poder Ejecutivo y el Consejo Electoral provisional (CEP) -afirmando que estaban listos para la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales fijada para el 24 de enero pasado-, la institucionalidad se ha debilitado y desacreditado, lo que llevó a anunciar la cancelación de dichas elecciones en la tarde del 22 de enero, es decir, 48 horas antes de la celebración de las mismas.
Cabe señalar que la presente crisis es a la vez coyuntural, estructural y política. Antes que todo es el reflejo de una profunda crisis de la sociedad haitiana basada en el oportunismo y egoísmo en detrimento del interés colectivo. Así, la miseria del pueblo haitiano y la disfunción de nuestras instituciones, son consecuencias directas de esta cultura individualista.
En estas condiciones: ¿Hay que cambiar al CEP y sustituir a sus miembros por otras personas de los mismos sectores anteriormente representados? Por otro lado, ¿quién no se da cuenta que aceptar un puesto en el CEP equivale a arriesgar su propia moralidad? Fiarse de este Poder ejecutivo, que tiende a influenciar el CEP para hacer ganar a su candidato, resulta sumamente difícil. Por eso, ¿es justo que el pueblo haitiano se entregue a una transición política incierta y naturalmente débil en legitimidad? En otras palabras, ¿no está desacreditada la comunidad internacional acusada de apoyo incondicional al gobierno de Martelly y cegada, como se dice, por sus propios intereses, incompatibles con los intereses nacionales?
Ante una situación tan compleja, pero que requiere de una solución urgente y dado su carácter desastroso, “Estamos Salvando a Haití (NAPSA)”, ha señalado lo siguiente:
- Al Poder Ejecutivo se le deben entregar las recomendaciones de la Comisión de Evaluación Electoral Independiente (CEEI) para manejar esta caótica situación.
- A los diferentes actores políticos del gobierno y la oposición debiesen firmar, mientras tanto, un pacto nacional de no-violencia; y encontrar, mediante un diálogo constructivo y sacrificio ciudadano, un consenso durable, fundamentado en el interés colectivo y el futuro de Haití. Esto, con el objetivo de organizar correctamente lad elecciones generales en los 60 días siguientes a la firma de este acuerdo.
- Al grupo de los ocho candidatos de la oposición (G-8), se le solicita hablar con una sola voz y que, para el bien del país, ninguno de sus integrantes pida la retirada de Jovenel Moïse como condición necesaria para la celebración de los comicios de la segunda vuelta. En efecto, esta exigencia parece ir más allá de una lógica de consenso y podrá, de alguna manera, comprometer la estabilidad en Haití en el próximo mando presidencial.
- Se pide a la comunidad internacional no comprometer la transición democrática en Haití en beneficio de sus propios intereses.
- NAPSA hace un llamado al pueblo haitiano a calmarse y a no dejarse manipular. La idea es que se animen a participar masiva y serenamente en los próximos comicios electorales.
En estos momentos, les incumbe a los haitianos asumir sus responsabilidades respecto al país y fomentar una conciencia colectiva y ciudadana. Es la única forma de salir del callejón sin salida de las crisis electorales continuas; características de nuestra transición democrática post Duvalier. Pues, si aspiramos a un cambio estructural, debemos trabajar a largo plazo en los fundamentos de nuestra cultura y mentalidad como pueblo, infundiendo en cada ciudadano haitiano, una conciencia profunda de que el interés común es una prioridad.
*Coordinador general de “Estamos Salvando a Haití (NAPSA)” y miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (RLJD) en Haití; Pierre C. Jean Claude, coordinador de NAPSA en Puerto Príncipe; Lully Charles, encargado de incidencia sociopolítica de NAPSA en Haití y Smith Augustin, secretario técnico.