- José Rolando Portillo Salazar denuncia ante el MP varios casos de corrupción en la cúpula del Minigob y coloca al mandatario en posición delicada en medio de una crisis que no deja de agravarse.
En la madrugada del de este miércoles, José Rolando Portillo Salazar, viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación (MINGOB), acudió a las oficinas del Ministerio Público (MP) para presentar cinco denuncias formales por presuntos actos de corrupción cometidos al interior del mismo ministerio. Simultáneamente anunció que pondría su cargo a disposición (“renuncia” tácita).
Según Portillo, las denuncias apuntan a irregularidades en el Sistema Penitenciario (SP) y en la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellas:
- Cobros ilegales en el Departamento de Tránsito (licencias).
- Tráfico de personas por la ruta Esquipulas hacia el norte del país.
- Irregularidades en compras dentro de la PNC.
- Lo que Portillo denomina como “talacha” y cobros ilegales al interior del Sistema Penitenciario.
- Incumplimientos procedimentales en el reclutamiento de comisarios generales.
De forma más contundente, Portillo acusó directamente a la viceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia, de usurpación de funciones al asumir atribuciones sobre el tema penitenciario que, según él, no le correspondían formalmente, y de recomendar nombramientos de inspectores y directores del SP. También aseguró que las instrucciones que él recibió del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, indicaban que Palencia “vería” los asuntos del Sistema Penitenciario.
Portillo también vinculó la reciente fuga de veinte reos del penal Fraijanes II (integrantes de la pandilla Barrio 18) con una “colusión” entre funcionarios del Estado, lo que sugiere que esa evasión no habría sido un mero fallo logístico sino el efecto de complicidades institucionales.
Como parte simbólica de su protesta, Portillo advirtió: “me estoy ganando enemigos, pero estoy dando la cara” , y enfatizó que no tolerará que se manche su nombre. 
Contexto: la fuga y la crisis política que se desató
Para entender la magnitud de esta denuncia, hay que recordar el episodio que la antecede: la fuga masiva de reos de Fraijanes II. El domingo 12 de octubre, las autoridades revelaron que al menos veinte internos se habían evadido, entre ellos miembros de la Mara 18 condenados por homicidio, extorsión y otros delitos graves. 
La fuga –cuya fecha ni siquiera ha podido documentarse– ha generado una crisis política de alta intensidad. Esta es la mayor prueba de fuego para el gobierno de Arévalo hasta ahora. Desde sectores políticos, se ha exigido al menos la renuncia o destitución del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, mientras el Gobierno y el propio mandatario enfrentan una oleada de críticas por la falta de control institucional.
En su momento, el ministro Jiménez declaró que no renunciaría. Sin embargo, anunció destituciones en el sistema penitenciario como medida reactiva frente a la crisis. Además, el presidente Arévalo convocó a dar un mensaje a la nación el miércoles 15 de octubre, para abordar estos temas. (habrá conferencia este medio día)
En el ámbito internacional, Estados Unidos calificó la fuga como “inaceptable”, dado que los fugados pertenecen a una organización delincuencial designada como “terrorista” por Washington. 
El Ejecutivo contra la pared y más debilitado
La movida de Portillo no es solo una queja administrativa interna: abre una grieta importante en la estabilidad política del gobierno. Algunos de los desafíos e implicaciones que quedan sobre la mesa:
1. Credibilidad institucional y moral del gobierno
Si las denuncias prosperan, y el MP hará lo posible para que avancen pronto, mostrarán que el escándalo no es una falla aislada, sino que podría haber redes de corrupción incrustadas al más alto nivel del MINGOB. Eso pone en juego la narrativa de cambio, transparencia y ética con que Arévalo llegó al poder.
2. Exigencia de destitución y reconfiguración del gabinete
Portillo ya colocó —de facto— bajo sospecha a toda la cúpula del Ministerio de Gobernación. Para calmar la crisis, el gobierno podría verse obligado a remover no solo al ministro Jiménez sino a viceministros, directores penitenciarios y mandos de la PNC. Serían cambios forzados, no voluntarios.
3. Responsabilidad política del presidente Arévalo
Aunque Arévalo no figura directamente en las denuncias, su responsabilidad política es inevitable: él designó a Jiménez, avaló la estructura del MINGOB e impulsa la agenda de justicia y seguridad del Estado. Si se descubre que las anomalías denunciadas eran conocidas o toleradas por su círculo, el presidente podría perder apoyo incluso dentro de su propio partido.
4. Procesos legales, investigaciones y represalias de la Fiscalía
Ahora dependerá del Ministerio Público (Fiscalía contra la Corrupción) investigar a fondo las denuncias sin interferencias. No cabe duda que la fiscal general, Consuelo Porras, aprovechará la coyuntura para mostrar el peor lado del gobierno de Arévalo, su enemigo desde que ganó las elecciones.
5. Incertidumbre institucional y gobernabilidad
La crisis penitenciaria ya ha puesto en jaque el poder ejecutivo. Si esta denuncia desemboca en investigaciones prolongadas, conflictos institucionales y reemplazos masivos, podría pararse la gestión ordinaria del Estado. Se requiere reacomodar estructuras clave —gobernación, seguridad, prisiones— sin descuidar la respuesta a la crisis de delincuencia.
6. Efecto en la percepción pública y en partidos de oposición
La oposición y medios de comunicación van a amplificar este episodio. Si Portillo logra articular un relato creíble de “resistencia frente a la corrupción”, podría convertirse (o ya lo está) en un símbolo dentro del debate político. Mientras tanto, la opinión pública demandará sanciones ejemplares.
Algunas dudas sin resolver (lagunas que la prensa aún no despeja)
Portillo habla de cinco denuncias. Sin embargo, no se ha divulgado e detalle de las mismas . Dependerá del MP revelar los expedientes o partes claves para saber qué tan concretas son las acusaciones (nombres, montos, mecanismos).
Hasta ahora no hay pronunciamiento público de Claudia Palencia ni de Francisco Jiménez respondiendo directamente los señalamientos de usurpación o colusión.
Además, se desconoce el papel específico que habrían cumplido otros funcionarios del SP o de la PNC en el esquema descrito por Portillo (cómo operaban los cobros ilegales, quiénes participaban, cómo se vinculaba con la fuga).
Por otra parte, tampoco está claro el grado de conocimiento que la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) o la Comisión Presidencial contra la Corrupción tenían sobre estas irregularidades —Portillo afirma que sí tenían conocimiento— y si actuaron o guardaron silencio.
El alcance del involucramiento presidencial, si lo hubo, sigue indefinido. Incluso podría especularse si existió una cadena de mando discreta que no se ve a simple vista.