Nueva Delhi, India | AFP |
La Corte Suprema india dictaminó el jueves que los indios benefician de un derecho constitucional a la vida privada, decisión crucial que podría ser un hito en las relaciones entre el estado indio y sus ciudadanos.
«El derecho al respeto de la vida privada es una parte intrínseca del artículo 21 (de la Constitución) que protege la vida y la libertad», declaró en forma unánime un panel de nueve jueces al pronunciarse sobre una demanda contra la gigantesca base de datos biométricos nacional Aadhaar.
El derecho a la vida privada no estaba explícitamente reconocido en India y el gobierno del primer ministro Narendra Modi se oponía a tal reconocimiento.
La Corte Suprema debía determinar si la Constitución india, vigentes desde hace 77 años, garantiza a los 1.125 millones de indios un derecho inalienable a la vida privada, que la Carta Magna no menciona explícitamente.
Los demandantes sostenían que ese derecho estaba implícito en la Constitución.
El poder indio sostenía por su parte que el derecho a la vida privada cede el paso al de las masas en asuntos de salud, acceso al agua y a una vida digna.
Según el gobierno, reconocer el derecho inalienable a la vida privada obstaculiza su trabajo a favor del desarrollo del país al limitar sus medios de acción.
Creada en 2009, la base de datos Aadhaar tiene en sus registro a más de 1.100 millones de indios.
Sus detractores consideran que constituye un peligro potencial para las libertades civiles.
En un principio la inscripción en Aadhaar era voluntaria y estaba destinada a tramitar los documentos de identidad.
Pero con el tiempo, la inscripción en la base de datos se volvió obligatoria para una cantidad creciente de servicios como recibir subsidios públicos, pagar los impuestos y abrir una cuenta bancaria.
Para los defensores de la privacidad, la centralización creciente de esa base de datos constituye una posible violación de la vida privada.
«Se trata de una gran victoria para los ciudadanos indios», se congratuló el abogado Prashant Bhushan, que representó a los demandantes ante la Corte Suprema.