Washington, Estados Unidos
La Corte Suprema de Estados Unidos asestó el jueves un golpe al presidente Donald Trump al prohibirle agregar una pregunta acerca de la nacionalidad en el próximo censo de población.
El máximo tribunal tomó esta decisión justo antes de que se iniciara la impresión de los cuestionarios.
Trump, quien se encuentra en Japón para participar de la cumbre del G20, tuiteó tras conocer el fallo que la exclusión de esa pregunta era «totalmente ridícula».
Agregó que los abogados del gobierno intentarán postergar el censo previsto para 2020 «sin importar cuánto» para proveer a la Suprema Corte de «información adicional» y que el máximo tribunal tome una nueva decisión.
La corte consideró insuficientes los argumentos presentados por el gobierno para justificar su decisión.
Se trata de una mala noticia para el presidente republicano, que ha hecho de la lucha contra la inmigración clandestina uno de los puntos fuertes de su gestión y defendió el agregado de una «pregunta esencial sobre la ciudadanía».
La Suprema Corte también dirimió el jueves los cuestionamientos a los cambios en los distritos electorales, una práctica extendida pero cuestionada, que tiende a favorecer a los partidos gobernantes.
Conteo que equivale a fondos
De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, el censo debe realizarse obligatoriamente cada diez años.
En función de los datos recabados, reparte 675.000 millones de dólares en subvenciones federales y asigna el número de escaños en la Cámara de Representantes a cada estado.
Si bien Trump ha argumentado con frecuencia que el censo no tendría sentido sin la pregunta sobre la ciudadanía, ese ítem no aparece en los formularios desde 1950.
Los críticos de la inclusión de esa pregunta, respaldados por los expertos de la propia Oficina del Censo de Estados Unidos, argumentan que preguntar a los encuestados si son ciudadanos motivaría a muchos inmigrantes a directamente evitar participar del censo o a mentir sobre su estatus por miedo a ser deportados.
Técnicos de la Oficina del Censo estimaron que entre 1,6 y 6,5 millones de inmigrantes, en su mayoría de origen hispánico, eludirían el censo o mentirían en su respuesta.
Esos resultados falsos, alegan los críticos, terminarían por afectar la representación en el Congreso de estados con fuertes comunidades de inmigrantes, reduciendo también su acceso a fondos federales.
Gerrymandering
En otra resolución, la Corte Suprema rechazó este jueves los recursos presentados en contra de dos nuevos mapas electorales, uno en Carolina del Norte -considerado por críticos favorable a los republicanos- y otro de Maryland, beneficioso para los demócratas.
El máximo tribunal, que ha tratado el tema varias veces antes, rechazó invalidar así una antigua pero cuestionable práctica de la democracia estadounidense: el sutil arte de crear distritos electorales para favorecer al partido en el poder.
La decisión fue aprobada por una escueta mayoría: cinco jueces conservadores dictaminaron que no correspondía al tribunal involucrarse en esta cuestión política. Sus cuatro colegas liberales tomaron el punto de vista opuesto.
En Estados Unidos, los mapas electorales de los estados vuelven a definirse cada diez años, cuando se hacen los censos. El partido en el poder se beneficia de concentrar a los votantes de la oposición en determinados distritos para disminuir su influencia en otros lugares.
La práctica se conoce como «gerrymandering», término que se compone del apellido de un gobernador de Massachusetts de comienzos del siglo XIX llamado Elbridge Gerry, y «salamander», salamandra en inglés. Gerry aprobó en 1812 un distrito en su estado delineado tan trabajosamente que su forma parecía la de ese anfibio.
El diseño de los distritos electorales se facilita en Estados Unidos por el hecho de que, en la mayoría de los estados, a los votantes se los alienta a registrarse como «demócrata», «republicano» o «independiente», designaciones que les permiten participar de las primarias de sus partidos.
Sin embargo, los críticos del «gerrymandering» se han multiplicado. En marzo, cuando se celebraron audiencias sobre los casos de Carolina del Norte y Maryland, el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, pidió a la corte que «ponga fin» a esa práctica.